El director general de Deportes del Govern en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), José Luis ‘Pepote’ Ballester, medallista olímpico de vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, el arquitecto Jaime Navarro y el constructor Antonio Matas se sentarán en el banquillo el próximo jueves acusados de delitos de prevaricación y fraude a la Administración, por los que se enfrentan a penas de multa tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear.
En concreto, los hechos se enmarcan en la pieza 7 del caso Palma Arena, centrada en la adjudicación presuntamente irregular, sin concurso, de diversas obras del Polideportivo Príncipes de España, en Palma, que fueron presupuestadas en 80.185 euros si bien finalmente acabaron costando 160.139 euros.
Los tres procesados alcanzaron un pacto con las acusaciones por el que, en el caso de Ballester, la petición de seis meses de cárcel que conllevaría el delito de fraude será sustituida por una multa de 9.125 euros al haber colaborado de forma activa con las investigaciones, según informaron fuentes jurídicas. Por su parte, Navarro y Matas se enfrentan a una multa de 2.700 euros.
De forma paralela, los acusados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma con 7.814 euros correspondientes al 6 por ciento del beneficio industrial que obtuvieron con la contratación.
La contratación recayó ‘a dedo’ en el año 2006 en la empresa Obres i Reformes Illes Balears, de la que Matas y Navarro eran administradores, y que ese mismo año se estaba encargando de la construcción del chalet que Ballester posee en Sa Ràpita. El exalto cargo aprovechó esta circunstancia para ofrecer a ambos administradores la adjudicación directa y sin expediente de licitación alguno -pese a que su importe así lo requería- de la construcción de un almacén en el Príncipes de España.
Para ello, Ballester se puso en contacto con Navarro y, prescindiendo deliberadamente de la apertura del correspondiente e imperativo procedimiento administrativo, le encargó verbalmente la realización de un presupuesto para la construcción del almacén, que ascendió a 80.185 euros.
Tras recibir el presupuesto, Ballester, sin expediente administrativo que amparase tal decisión, “omitiendo consciente y deliberadamente” las exigencias previstas en la Ley de Contratos de la Administración Pública les encomendó verbalmente la ejecución de las obras a través de la empresa que gestionaban. Poco después, Ballester decidió reconvertir el almacén en unos vestuarios, lo que fue encargado de nuevo a Obres i Reformes. Las obras se hicieron sin presupuesto previo y supuso un aumento notorio del coste, llegando a alcanzar los 160.139 euros.
