El futuro del Palacio de Congresos se complica. La cadena que resultó ganadora del quinto concurso para gestionarlo y luego fue descartada por el Ayuntamiento está dispuesta a ir hasta el final en los tribunales. Lo confirmaba ayer el primer ejecutivo del grupo Barceló, Raúl González, que aseguraba que la intención es seguir con la demanda judicial, incluso si eso supone pasar por un proceso de años. "Es difícil saber cuándo habrá una solución, porque los plazos de la justicia son lentos. Pero la incertidumbre no es buena, y menos en este tipo de infraestructuras", presionaba González, consciente de que los congresos de dentro de dos años llevan ya un año organizados.

¿Estaría dispuesto Barceló a renunciar a su reclamación legal si hubiese una compensación económica por parte del Ayuntamiento y el Govern? No lo parece: "No perseguimos ninguna compensación, queremos lo que ganamos en el concurso, el Palacio de Congresos", subraya el directivo de la cadena mallorquina.

"Nuestros servicios jurídicos han analizado la situación. Creen que fuimos los justos ganadores del concurso público. Destinamos muchos recursos para poder ganarlo. Y lo queremos. Por eso demandamos".

Barceló se vuelve así a convertir en protagonista de la accidentada historia del palacio. El grupo está en el origen de una infraestructura muy demandada por los hoteleros, que luego acabaron uno por uno dando la espalda el proyecto. El último fue Barceló, que se había comprometido a invertir 70 millones de euros para la construcción de la instalación, que a cambio iban a gestionar durante cuarenta años. El estallido de la crisis provocó un cambio de planes del grupo, que dejó el proyecto e incumplió lo comprometido. A partir de ahí, el Ayuntamiento y el Govern, que solo iban a poner una subvención de 30 millones públicos, acabaron pagando con dinero de todos los 106 millones que hasta ahora ha costado el Palacio. Barceló reapareció para el último concurso, el quinto. Y se lo llevó, pero la adjudicación se anuló.

Ahora la disputa llega a los tribunales, que amenazan con retrasar aún más una infraestructura que, si nada más falla, se entregará este febrero, diez años después de su inicio.