Financiación irregular del PP

El Ayuntamiento de Madrid dice ahora que el PP sí pidió licencia de obras para su sede

El consistorio informó en diciembre al juez que no había expedientes sobre esa reforma y ahora le remite una caja con documentos

20.01.2016 | 01:23
La sede central del PP en la calle Génova 13 de Madrid.

Juicio del caso Nóos

  • Quitan un escáner de Manacor para ponerlo en Son Rossinyol

    El ministerio de Justicia ha decidido quitar el escáner de seguridad de los juzgados de Manacor para instalarlo en la Escuela Balear de la Administración Pública del polígono palmesano de Son Rossinyol, donde se celebra el juicio del caso Nóos, según denunció ayer el sindicato CSIF-Justicia.
    El sindicato se quejó de que "los juzgados de Manacor se han quedado desprotegidos, lo que genera inseguridad a trabajadores y usuarios".
    El CSIF añade que la sede judicial de Manacor se ha quedado sin control electrónico en sus accesos, una situación que durará por lo menos hasta el próximo julio, cuando está previsto que acabe la vista oral de Nóos.
    El sindicato informó también de que va a denunciar el hecho ante el comité de seguridad y salud laboral, ante el riesgo que comporta la ausencia de esa medida de seguridad en Manacor.

El Ayuntamiento de Madrid ha rectificado ante el juez José Castro, que investiga el llamado caso Son Espases, y de negar que el Partido Popular u otras personas físicas o jurídicas hubieran pedido licencia para la reforma de su sede central en la calle Génova 13 le ha remitido una caja llena de documentación sobre las solicitudes de permiso de obras en esa misma finca.
El juez José Castro está investigando, dentro del caso Son Espases, si Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora OHL, y Florentino Pérez, vinculado a la constructora Dragados, pagaron las obras de reforma de la sede nacional del PP, a cambio del contrato para construir y explotar el hospital público del mismo nombre
Castro solicitó al Ayuntamiento de Madrid que le remitiera información sobre todos los expedientes de licencias de obras en Génova 13 desde 2002 a 2010. Desde el consistorio se respondió a finales del pasado diciembre que únicamente constaba un expediente abierto a instancias de Mapfre (la anterior propietaria del inmueble) en 2006, pero no para pedir una licencia de obras, sino para realizar trabajos destinados a cumplir la normativa sobre seguridad en oficinas.
Los técnicos del Ayuntamiento solicitaron a la aseguradora que hiciera una serie de cambios en su proyecto, pero Mapfre acabó renunciando a la licencia porque había vendido la finca al PP.
Castro insistió ante el Ayuntamiento de la capital de España y le preguntó si tenía información sobre licencias de obras relacionadas con la sede del PP, pero cursadas en vez de como Génova 13 con otras de las calles que lindan con el edificio.

Respuesta sorpresa

La respuesta de la Administración municipal madrileña ha sido una auténtica sorpresa, dado que ha remitido al juzgado de instrucción 3 una caja llena de documentos con los expedientes de licencias de obras de Génova 13 correspondientes a varios años.
Esos papeles acreditan que ya Mapfre obtuvo permiso para hacer reformas en el inmueble en 2005, cuando lo tenía alquilado al partido conservador.
Los conservadores decidieron comprar la finca el 29 de marzo del 2006.
Según ha reconocido el partido ante el juez Castro, tras la adquisición, se hicieron unas importantes obras de remodelación del inmueble, que se encargaron al despacho de arquitectura Unifica. Estos trabajos, que ascendieron a varios millones de euros, están siendo investigados por la Audiencia Nacional al sospechar que se defraudó a Hacienda pagando parte de la reforma con dinero negro, en concreto 1,71 millones de euros.
El director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán Ruiz de Huidobro, ha informado también que se hizo en Génova 13 otra segunda fase de obras, distintas a las acometidas por Unifica.
La primera respuesta del Ayuntamiento de Madrid llevó a pensar que el PP había llevado a cabo la modernización de sus oficinas sin permiso municipal, lo que le habría permitido ahorrarse decenas de miles de euros en tasas e impuestos municipales.
Tal hipótesis era extremadamente llamativa, dada la magnitud de los trabajos efectuados en las distintas plantas y sótanos del edificio.
Los expedientes facilitados por el Ayuntamiento al magistrado corresponden a licencias de obras a lo largo de varios años.

Datos de Hacienda

El juez también ha solicitado a la Agencia Tributaria los datos sobre los pagos y cobros de más de tres mil euros realizados por el PP en once años (de 2000 a 2010, inclusives) e idéntica documentación sobre Mapfre.
El edificio consta de planta baja, entreplanta, siete plantas de oficinas, un ático y un sobreático sobre rasante y bajo rasante de cuatro plantas subterráneas, dedicados a garaje y servicios.
Las certificaciones registrales revelan que el PP pagó a la compañía de seguros Mapfre 37,1 millones de euros por la finca, dinero que fue entregado mediante un cheque bancario el 29 de marzo del 2006. El PP pidió un préstamo hipotecario para esa compra.

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