El Tribunal Supremo confirmó ayer la obligación de la Comunidad Autónoma de Balears de convocar en el plazo establecido el concurso de méritos para la apertura de nueve farmacias que fueron autorizadas por el Govern mediante tres resoluciones fechadas en 2009.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó así el recurso de casación interpuesto por la Abogacía balear y confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que anuló la resolución administrativa, de 7 de marzo de 2013, que rechazó la convocatoria inmediata de esta convocatoria.Del mismo modo, la sentencia del TSJB estableció también que el farmacéutico recurrente no podía ser excluido en los expedientes por la limitación de edad -65 años- para la adjudicación de las farmacias.
En concreto, el 6 de febrero de 2009 la directora general de Farmacia de la Conselleria de Salud y Consumo autorizó la apertura de cinco oficinas de farmacia en la zona de Palma; el 6 de julio, dio luz verde a otras tres en el mismo núcleo, y el 17 de septiembre una última en Binissalem. Sin embargo, en diciembre el farmacéutico afectado denunció la inactividad de la Conselleria a la hora de dictar y notificar la resolución de autorización y apertura, y tres años después solicitó a la Administración que continuase con esta tramitación y convocase de inmediato el concurso de méritos relativo a las farmacias autorizadas en 2009.
El 7 de marzo de 2013, el Govern rechazó la solicitud al alegar que la decisión de en qué momento deben salir a concurso las farmacias cuya apertura se ha determinado procedente "es discrecional". Esto llevó al farmacéutico a demandar al Govern ante los tribunales. Precisamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, decretó la semana pasada el archivo de la causa abierta contra el expresidente del Govern José Ramón Bauzá por presuntos delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento público por no haber convocado concurso de méritos en su día para la adjudicación de las oficinas de farmacia. La querella que dio inicio a las investigaciones, interpuesta por un farmacéutico, iba dirigida contra el exconseller Sansaloni y el exdirector general Vicente Sánchez, y la exsecretaria general de la Conselleria de Salud Lucía Matías.
