La actual dirección del Banco Mare Nostrum sentó ayer en el banquillo a dos antiguos ejecutivos de Sa Nostra, entre ellos al exdirector general Pere Batle. Los responsabiliza de las pérdidas económicas ocasionadas por una frustrada operación inmobiliaria en Miami. Batle y Rafael Oliver, antiguo director de Inversanostra, tuvieron que responder ayer ante el juez del juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma por esta operación que data del año 2007 y que costó a la desaparecida caja de ahorros de Balears la pérdida de 50 millones de dólares.

El Consejo de Administración de Sa Nostra aprobó la inversión para construir dos rascacielos en una de las zonas más caras de la ciudad de Miami, en Florida, conocida como Brickell. Se aprobó dar cobertura económica a una sociedad, representada por empresarios mallorquines, que tenía interés en realizar este proyecto. La caja de ahorros perdió el dinero porque en realidad no se invirtió en la adquisición de los terrenos, sino que se trataba de una opción de compra para adquirir los solares, que nunca se llegó a ejecutar.

El Banco Mare Nostrum, en el que se integró Sa Nostra, ha ejecutado ante los juzgados una acción de responsabilidad social, que consiste en reclamar a los dos exconsejeros el dinero perdido en dicha inversión. Demanda que se basa en que los antiguos directivos no actuaron con la suficiente diligencia para aprobar dicha inversión, por cuanto no se sabía que el dinero se destinaba a financiar una opción y no la compra definitiva de los terrenos.

Los antiguos ejecutivos de Sa Nostra reconocieron ayer ante el juez el fracaso de la inversión, pero justificaron su actuación profesional. Detallaron que habían contratado a uno de los principales despachos jurídicos del país, con conocimiento de la legislación de Florida, para que les asesorara. Y que ninguno de estos expertos les indicó que existía una cláusula que indicaba que si no se pagaba la totalidad de la inversión, se perdía todo el dinero.

Pere Batle, como máximo responsable ejecutivo de la caja de ahorros de Balears, indicó que como director general no podía controlar todas las operaciones de inversión en el sector inmobiliario que realizaba la entidad, ya que para ello se disponía de expertos ejecutivos. Recordaba la operación de Miami y aunque reconoció que no leyó toda la documentación, en parte porque estaba escrita en inglés, decidió aprobarla porque disponía de todos los informes favorables del consejo y de los expertos externos que se habían contratado. Sin embargo, confesó que no conoció la letra pequeña de la inversión. Lo único que sabía es que se trataba de financiar la compra de unos terrenos, pese a que en realidad lo que se financiaba era una opción para adquirir estos solares, que al final se perdió.

El exdirector general, al que BMN le pide que afronte con su patrimonio personal las pérdidas de esta operación, reconoció que si hubiera conocido en ese momento que existía esta cláusula, que indicaba que se perdía el dinero si no se pagaba el total de la inversión, no hubiera aprobado la operación. Reiteró que existía un esquema de garantías que en ese momento se consideró suficiente para aprobar el préstamo e insistió en que la empresa que se contrató para que les asesorara por esta inversión en Miami, es la misma a la que acuden todos los bancos cuando realizan una operación en el extranjero. "La operación fue mal por un hecho específico, rotundo y contundente", señaló Batle, que insistió en que ningún directivo que intervino tenía ningún interés personal en que se aprobara esta inversión.

Por su parte, el exdirector de Inversanostra, Rafael Oliver, explicó que en el año 2007 se consideró una buena oportunidad de negocio realizar esta inversión inmobiliaria en Miami. Por ello se apostó por la financiación de la compra de estos terrenos. Incidió también en que por tratarse de una operación especial en el extranjero, la caja de ahorros contrató el más importante despacho de asesores, que una vez analizada toda la documentación, aconsejó la inversión. Oliver también recordó al juez que no fue él quien personalmente aprobó el préstamo, sino que fue una decisión del Consejo de Administración.