El magistrado Antoni Garcías, archivó ayer el llamado caso Farmacias, al estimar que ni el expresident del Govern del PP José Ramón Bauzá, ni el exconseller de Sanidad, Martí Sansaloni, ni el exdirector general de Farmacias, César Vicente, prevaricaron al no sacar a concurso 50 farmacias que estaban autorizadas. Garcías sostiene que el Govern del PP no delinquió al no cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que limitaba a seis meses el plazo entre la aprobación de una farmacia y su adjudicación mediante concurso.
El caso farmacias nació tras la interposición de dos querellas por el farmacéutico menorquín Cristòfol Pons. Pons, básicamente, imputó al expresident Bauzá, al exconseller de Sanidad Martí Sansaloni y a Vicente el boicotear la apertura de nuevas farmacias en Balears por tener intereses particulares en que no aumentara la competencia en ese negocio. Bauzá posee una farmacia en Marratxí, que regenta una sustituta. La madre de Sansaloni, farmacéutico de profesión, tiene otro establecimiento en Palma y el exdirector general de Farmacia también es farmacéutico.
El delito concreto que se les atribuyó fue el de prevaricación por omisión, por no aplicar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 29 de enero del 2014 que limitó a seis meses el plazo entre la aprobación de nuevas farmacias y su salida a concurso para propiciar su apertura.
Garcías, en septiembre de 2014, no admitió a trámite la querella del farmacéutico Cristòfol Pons contra los tres altos cargos al estimar que no había indicios de prevaricación en la pasividad del Govern a la hora de sacar a concurso 42 farmacias autorizadas, pero a las que no se había podido adjudicar un titular. Según el querellante, el Govern del PP estaba trufado de farmacéuticos, incluido el president Bauzá, a los que no les interesaba ampliar el número de boticas para evitar la competencia.
La Audiencia, en febrero del 2015, ordenó a Garcías que investigara el caso y que interrogase, entre otros, al cargo encargado de impulsar los concursos de farmacias congelados, César Vicente Sánchez. El tribunal también dispuso que se tomase declaración a los posibles afectados por el boicot a la apertura de nuevas boticas en las islas.
La fiscalía no ve delito
El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, apoyó la solicitud de archivo de la causa por parte de los querellados al no ver delito.
El juez explica en el auto de sobreseimiento que la sentencia mencionada ordenó al Govern sacar a concurso 9 farmacias y se derivó de una demanda formulada por otro farmacéutico, Pedro Ventayol. La querella postula que el Govern debería haber aplicado ese fallo a otras 42 farmacias que estaban pendientes de licitación.
Sin embargo, este fallo ha sido recurrido en casación por el Govern ante el Tribunal Supremo, por lo que no es firme.
"No siendo firme la sentencia, argumenta Garcías, no puede decirse que esa doctrina jurisdiccional (que limita a seis meses el plazo entre autorización y adjudicación de farmacias) obliga a la Administración (el Govern)".
El instructor también destaca que no hay otras sentencias o una doctrina judicial consolidada respecto al tiempo máximo entre aprobación y licitación, lo que debe interpretarse a favor de Bauzá, Sansaloni y Vicente.
"No existe una doctrina jurisdiccional repetida, constante y pacífica de ese plazo perentorio para el concurso de farmacias y esencialmente no siendo firme esa sentencia no puede declararse que la actuación de la Administración sea una situación dolosa en contra de una resolución judicial", añade el magistrado.
La consecuencia que extrae el instructor es que la causa debe sobreseerse provisionalmente.
La acusación particular en nombre de Cristòfol Pons recurrirá previsiblemente el archivo ante la sección segunda de la Audiencia. El caso se ha cerrado sin que ni Bauzá ni Sansaloni hayan sido citados a declarar. La causa también se archiva para una funcionaria acusada de extraviar un documento.
