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El juicio del caso Nóos

La Infanta podría seguir en el banquillo aunque se aplicara la doctrina Botín

La Audiencia obligó a estar presente en el juicio a una acusada de un delito a título lucrativo

La Infanta espera que el tribunal la exonere de seguir en el banquillo del caso Nóos.

La aplicación de la doctrina Botín en el caso Nóos podría no ser un argumento jurídico suficiente para evitar que la infanta Cristina pueda volver a sentarse en el banquillo, como pretende su defensa, la fiscalía y la abogacía del Estado. En un reciente caso, juzgado por el mismo tribunal de la Audiencia de Palma, una mujer que fue acusada de un delito, no como autora, sino únicamente a título lucrativo, fue obligada a permanecer sentada en el banquillo durante todas las jornadas en las que se prolongó el juicio. La situación de esta mujer podría compararse con la de la hermana del Rey, a la que las acusaciones públicas no consideran directamente autora del delito fiscal, pero sí la responsabilizan a título lucrativo, es decir, que se benefició personalmente del dinero procedente de la irregularidad tributaria.

La mujer que tuvo que sufrir la experiencia de permanecer una semana sentada en el banquillo de los acusados, pese a que directamente no se le imputaba ningún delito, fue Catalina Rosselló, la madre de Luis Rodríguez Toubes, el joven Luisito, condenado por estafar a un matrimonio de Llucmajor para quedarse con toda su fortuna. Ninguna acusación, es decir, ni el fiscal ni los abogados de las víctimas, exigió que la mujer estuviera presente en el juicio. Podría haber estado representada por su abogado. Sin embargo, el tribunal, antes de iniciarse la vista, acordó que la mujer fuera tratada exactamente igual que los otros acusados. Es decir, que se sentara en el banquillo y que se sometiera al interrogatorio de las partes. Y una vez que concluyó su declaración, no se le comunicó que podía abandonar el juicio. Estuvo sentada en el banquillo hasta el último día.

Catalina Rosselló, que por cierto fue condenada, estaba acusada de beneficiarse de la estafa que urdió su hijo. El joven Rodríguez Toubes, aprovechándose de un poder de su madre, inscribió a su nombre varias de las fincas que le donó, bajo engaño, el matrimonio de Llucmajor. La mujer no intervino nunca en la negociación para engañar a las víctimas. Además, su hijo utilizó una cuenta a nombre de su madre para ingresar, y cobrar, los talones que le entregaron las víctimas.

Sólo coincide una jueza

Cierto es que de las componentes del tribunal que juzgan el caso Nóos solo una de las magistradas intervino, y no como ponente, en el juicio contra Luisito y su madre. Se trata de la jueza Rocío Martín. Teóricamente al tratarse de la misma Sala de la Audiencia se debería aplicar la misma teoría con respecto a todos los acusados de un delito a título lucrativo, pero no se sabe qué decisión se adoptara con respecto a la infanta Cristina. Varios expertos afirmaron ayer que, aunque la Sala aplique la doctrina Botín, podría agarrarse a esta posibilidad legal para que la Infanta continúe físicamente en la sala de juicio, al menos, hasta que ella declare sobre su gestión en Aizoon.

La defensa, con el apoyo de Anticorrupción y del Estado, ha planteado como cuestión previa que el tribunal declare la ilegitimidad del sindicato Manos Limpias, por ser la única acusación que imputa un delito fiscal contra la mujer de Iñaki Urdangarin, cometido a través de la empresa Aizoon. Los abogados se agarran a la citada doctrina del Supremo, que estableció que un imputado no podía ser juzgado cuando únicamente lo solicitaba la acusación popular, que en el caso de la Infanta sería el sindicato Manos Limpias, dado que ni el fiscal, ni la abogacía del Estado lo reclaman.

Es cierto que el fiscal Anticorrupción considera que Cristina de Borbón no ha cometido ningún delito fiscal, porque entiende que ella no era la administradora de la sociedad, pero quiere que la sentencia del caso Nóos determine su responsabilidad en la gestión tributaria de la empresa, de allí que la acuse únicamente a título lucrativo. Pedro Horrach no tiene interés en que la exduquesa de Palma permanezca sentada en el banquillo, pero sí exige la presencia de un abogado durante el juicio para defender sus intereses, como los de cualquier otro acusado. Anticorrupción, en su escrito de acusación, reclamó que la infanta Cristina abonara una indemnización de algo más de medio millón de euros por beneficiarse de los fondos ilegales que entraron en la sociedad familiar, que comparte a mitades iguales con su esposo. La Infanta, como se demostró en la investigación que impulsó el juez Castro, realizó gastos personales con la tarjeta de la sociedad Aizoon, que se financiaron con fondos de procedencia ilegal.

Pedro Horrach pretende que la exduquesa de Palma abone la mitad del dinero supuestamente defraudado por su esposo a la Agencia Tributaria por los ejercicios 2007 y 2008. La cantidad global asciende a 337.143 euros y la mitad se establece en 168.571 euros. También acusa la fiscalía que la empresa Aizoon recibió de la trama Nóos otros 837.683 euros, por lo que se reclama a la Infanta la mitad de esta cantidad.

Castro y la doctrina Botín

Por otro lado, el juez Castro ha hecho unas declaraciones a la agencia Colpisa donde insiste en que no se puede aplicar la doctrina Botín a la Infanta y añade que no contempla la posibilidad de que la hermana del Rey sea exculpada por la Audiencia. "Desecho esa posibilidad por completo", ha señalado el magistrado.

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