El juicio por el Caso Nóos supone una inyección de fortaleza para el sistema democrático tras la anemia generada por los casos de corrupción, y además es el reflejo de que la sociedad española está abandonando una postura pasiva y es cada vez más intolerante ante este tipo de situaciones, según destacan tanto representantes políticos como abogados.
Los responsables en las islas de dos formaciones emergentes, como son Alberto Jarabo, de Podemos, y Xavier Pericay, de Ciudadanos, coinciden en destacar la imagen de una justicia independiente que se ha dado por parte del juez instructor, José Castro.
En este sentido, el primero señala este "despertar de la sociedad", y recuerda el clima de impunidad que se vivía hace solo una década en el seno de la clase política amparado por el "silencio social". En este sentido, valora el impulso que el trabajo de jueces y fiscales ha supuesto para afrontar esta lacra. El representante de Podemos ve sombras en la afirmación de que ´todos somos iguales ante la ley´ al detectar un "exceso de protección para la infanta Cristina", pero valora que se haya puesto fin al mito de que la Familia Real está al margen.
Pericay considera que el juicio iniciado ayer es "una buena noticia", aunque no lo sean las causas que han llevado a él, y valora también el que la instrucción realizada por el juez Castro refleje la "fortaleza de la Justicia" pese a las presiones que recibe en sus competencias. Además, reconoce que el nacimiento de Podemos y de Ciudadanos está vinculado en parte al rechazo que la sociedad siente por la corrupción y apunta que son un reflejo de este malestar.
David Abril, de Més, subraya el que se esté juzgando "uno de los casos centrales de la etapa de saqueo de Jaume Matas" y el hecho de que además esté implicado un miembro de la familia del Rey, algo que en su opinión supone un punto de credibilidad de las instituciones tras años de desprestigio. Precisamente en relación a la presencia del expresident balear, Abril reivindica que es un buen momento para retirar todas las placas con su nombre existentes en algunos edificios públicos. Como en los casos anteriores, Abril pone de relieve el papel que jueces y fiscales anticorrupción están jugando y el hecho de que su actuación esté marcando un punto de inflexión.
El secretario general del PP balear, Andreu Ferrer, expresa en primer lugar el respeto de su partido ante las decisiones judiciales y reivindica la presunción de inocencia, pero añade que la importancia de vivir en el marco de un Estado de Derecho radica en que los que cometen algún delito terminan pagándolo.
En su opinión, lo que se ha demostrado en este caso es que "la Justicia funciona, independientemente de que se trate de un político o de un miembro de la familia del Rey", y reivindica que son las personas las que se corrompen, y no las formaciones políticas, ya que en estas últimos hay también individuos que trabajan "desinteresadamente para mejorar la sociedad".
Desde el PSOE, Bel Oliver expresa también el respeto de los socialistas ante las decisiones judiciales, pero coincide con David Abril en considerar que el mandato de Jaume Matas al frente del Govern balear constituye "el episodio más negro de la historia de las islas". En su opinión, lo que se está poniendo en evidencia es que "la Justicia actúa y es igual para todos", y defiende que su partido se ha posicionado siempre en contra de la corrupción.
El secretario general de El Pi, Antoni Amengual, coincide en que lo que se pone en evidencia es que "la Justicia funciona, aunque sea con lentitud", y destaca que la actuación del juez Castro ha demostrado también su independencia, al sentar en el banquillo a la hermana del Rey. Sin embargo, lamenta que la citada lentitud suponga para muchos imputados la llamada ´condena del telediario´, al ver como su imagen se deteriora antes de determinar su inocencia o culpabilidad.
Normalidad, según los abogados
Los abogados consultados consideran que lo que está caracterizando el proceso es la normalidad. Así, Gabriel Garcías insiste en este aspecto en la forma en que han trabajado jueces y fiscales, y subraya que "no existen privilegios en un Estado de Derecho".
Rafael Perera subraya también que "la Justicia actúa con serenidad y es igual para todos". Así, defiende la normalidad de todo el proceso, y considera que algunos de los participantes en este caso explican el interés mediático existente.
El decano del Colegio de Abogados de Balears, Martín Aleñar, expone también la igualdad de todos ante la Ley, pero reivindica más medios para la Justicia y lamenta que la instrucción se haya prolongado durante seis años.
Miguel Angel Mas es el letrado que otorga una mayor relevancia a este caso, al considerar que pone en valor la actuación de la Justicia y defiende el homenaje que en su opinión merecen jueces y fiscales por su trabajo en favor de la sociedad.
