Con independencia de la presencia de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, el caso Nóos versa sobre el presunto desvío, por parte de Iñaki Urdangarin y su antiguo socio y amigo Diego Torres, de más de seis millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2010. El cuñado del rey Felipe VI se habría valido de su condición de miembro de la Familia Real para conseguir que los políticos que gobernaban las instituciones financiasen sin ningún tipo de reparo, ni concurso público, sus proyectos y se olvidasen de controlar el destino de ese dinero.
Los relatos de la fiscalía anticorrupción y de Manos Limpias ocupan centenares de folios, pero los hechos presuntamente delictivos se agrupan en torno a cuatro Administraciones: el Govern balear, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Madrid.
También existe un fleco de esas grandes y presuntas malversaciones de caudales: los delitos fiscales que habrían cometido Iñaki Urdangarin y Diego Torres al defraudar a Hacienda por las ganancias de sus trabajos con las Administraciones Públicas y las asesorías a grandes empresas.
La infanta doña Cristina fue vocal del Instituto Nóos e inicialmente el juez Castro le acusó de ser el gancho para captar el dinero público y ser cómplice de su marido en la malversación. La Audiencia, finalmente, imputó únicamente a la hermana del rey Felipe VI por dos delitos fiscales, al haber colaborado con su esposo Iñaki Urdangarin, y a través de la sociedad familiar Aizoon, a evadir 330.000 euros en impuestos.
Según el fiscal Pedro Horrach, "el Instituto Nóos se presentaba ante terceros como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de realizar investigaciones de interés general sobre los procesos de formulación e implementación de las estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social, así como sobre la importancia de los sistemas de inteligencia de mercado para medir su eficacia".
"Solo era humo"
Sin embargo, el fiscal anticorrupción sostiene que "esa presentación no era más que humo". Además, Iñaki Urdangarin se prevalió de su posición social "para generar confianza en los interlocutores y potenciales clientes, aparentado solidez científica y técnica (de Nóos)".
Los principales acusados también otorgaron a Nóos la apariencia de "organización no gubernamental dedicada a fines sociales altruistas", lo que aumentaba la confianza de las empresas y de las Administraciones.
Las acusaciones también tendrán que demostrar dónde acabaron los caudales públicos y privados captados por la trama de empresas, fundaciones y asociaciones de Nóos. "Los recursos económicos generados por el Instituto Nóos, procedentes de organismos públicos y compañías privadas, fueron destinados a nutrir entidades mercantiles propiedad del presidente Iñaki Urdangarin y del vicepresidente Diego Torres, que era el verdadero objetivo fundacional del instituto Nóos y no la creación de un grupo de trabajo para desarrollar un programa de investigación, objetivo aparente y que nunca se llegó a iniciar", concluye el fiscal mallorquín.
