Caso Nóos

La Infanta y el pícaro, a juicio

Resumir los setenta mil folios del caso Nóos no es tarea fácil, pero si algún nombre se le podía dar a esta historia, que mañana empieza a ser juzgada en Palma como si fuera un espectáculo de masas, ese sería la Infanta y el pícaro de su marido, Iñaki Urdangarin, un excelente conseguidor de fondos públicos.

10.01.2016 | 02:32
La infanta Cristina cuando declaró en 2014 por este caso en los juzgados.

­Nadie daba un céntimo porque la infanta doña Cristina pasara de la condición de imputada a acusada en el caso Nóos y aquí estamos, en la víspera de un juicio que ha suscitado la atención mundial y donde la hermana del rey Felipe VI es, bien a su pesar, la principal protagonista.

Procesalmente hablando el papel de la exduquesa de Palma es tangencial: se le acusa de favorecer, mediante una sociedad a medias con su esposo, Aizoon, que éste pudiera defraudar a Hacienda más de 300.000 euros. Lo llamativo del caso es que ni la propia Agencia Tributaria ni la fiscalía anticorrupción piensan que la Infanta cometió ese delito, aunque sí que la responsabilizan de beneficiarse económicamente con el dinero defraudado por su marido, lo que técnicamente se conoce como responsable civil a título de partícipe lucrativo. Urdangarin y su exsocio y amigo Diego Torres son las estrellas del caso, por, supuestamente, aprovecharse de la pertenencia del primero a la Familia Real para desviar a sus bolsillos varios millones de euros de fondos públicos, con la excusa de loar las sinergias del deporte y el turismo y las bondades del mecenazgo y el patrocinio. Suena rancio, pero les funcionó muy bien.

Los abogados de doña Cristina, que hasta hoy han perdido todas las batallas procesales, confían en que la doctrina Botín sea el salvavidas de su clienta, que únicamente pasaría un día de tormento en el atípico banquillo de la Escuela Balear de Administraciones Públicas.

La decisión sobre si la hija del rey Juan Carlos debe seguir en el juicio o es exculpada depende, como no podía ser menos, de las tres magistradas que integran el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, a la que ha tocado este complicado caso, más por sus ecos mediáticos y sociales que por su complejidad técnica.

Cristina de Borbón no estaría pasando esta pesadilla de no existir Manos Limpias, un sindicato de funcionarios sin afiliados y que desde hace años ejerce de ariete procesal contra la corrupción en España, caiga quien caiga. La abogada de la acusación popular, Virginia López Negrete, está en franca minoría para defender la no aplicación de la doctrina Botín en favor de la Infanta y también deberá esforzarse a fondo para demostrar la culpabilidad de doña Cristina.

Sin embargo, voces judiciales ajenas al juicio tildan de aberración jurídica la hipotética exculpación de Cristina de Borbón por la doctrina que lleva el nombre del difunto banquero. Por el contrario el fiscal Pedro Horrach y la abogada del Estado María Dolores Ripoll no se recatarán mañana en defender que la exduquesa de Palma no debe estar entre los acusados.

Infanta al margen, Manos Limpias coincide casi al cien por cien con la fiscalía anticorrupción y atribuye al expresident del Govern Jaume Matas –el cuarto acusado en importancia– un papel capital en el saqueo de fondos públicos. Matas se plegó –argumentan las acusaciones– a los inútiles proyectos de Iñaki Urdangarin por quedar bien con la Familia Real.

El resto de acusados son exaltos cargos de Administraciones Públicas y el segundo nivel en la escala de mando del grupo Nóos.

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