"En mi final está mi comienzo". Esta fue la enigmática frase que María Estuardo bordó en francés en una labor de brocado. Después de su enjuiciamiento y condena, las palabras cobraron sentido. Su fama, su entrada en la Historia con mayúscula, se debe a su trágico final. Sin su muerte en el patíbulo no sería más que una reina de Escocia, sometida a la vecina y poderosa Inglaterra.
La mujer que pagó con la vida su adhesión al catolicismo en tiempos de revueltas protestantes trascendió más allá de unas pocas líneas de texto en unos libros locales precisamente por su final. Su rival y verdugo, Isabel I, dudó mucho antes de ejecutar la pena de muerte. ¿Quién le garantizaba que después de que rodara la primera cabeza de una reina no se cortarían otras, como acabó ocurriendo? Una vez despojada una monarquía de su carácter casi divino, todas las demás se hicieron más vulnerables.
Sin alcanzar los niveles de la tragedia de María Estuardo, Cristina de Borbón afronta a partir de mañana una situación con ciertos paralelismos. Es la primera hija de un rey de España que ha sido imputada en un proceso penal, la pionera en declarar durante horas ante un juez y el lunes también logrará el dudoso honor de sentarse en el banquillo de los acusados.
En consecuencia, puede ser la primera heredera al trono español que es condenada. Con el antecedente de Cristina de Borbón y Grecia, ¿quién puede garantizar que en el futuro no caigan la inmunidad o la impunidad para otros miembros de la realeza?
El salto de una Infanta del papel cuché a la crónica de tribunales es el peor de los sueños para una institución que en democracia solo tiene dos avales: la historia y el prestigio. Los avatares judiciales de Cristina y su marido ya han golpeado con saña a su padre Juan Carlos I. Hoy nadie pone en duda que los paseíllos por la rampa del juzgado del matrimonio Urdangarin-Borbón tienen un peso considerable entre los argumentos que abocaron al anterior monarca a la abdicación.
El cáliz ha pasado a Felipe VI. El rey ha intentado apartarlo con gestos públicos y privados. La retirada del título de duquesa de Palma es, probablemente, el hecho más relevante en este intento de evitar que los errores de su hermana sean un lastre insoportable para la institución monárquica. Pero no ha sido el único. Desde hace mucho tiempo no se les ha visto juntos en asuntos familiares y la reina Sofía parece hoy el único apoyo sólido de Cristina de Borbón.
Los estrategas jurídicos de la Infanta, con el padre de la Constitución Miquel Roca a la cabeza, y la Fiscalía intentarán mañana que el trance del banquillo sea efímero para la Infanta. Esgrimirán la doctrina Botín. Esa que considera en algunos casos que si no hay acusación pública o privada, la popular no tiene peso suficiente para enjuiciar a un ciudadano. Es una doctrina del Supremo tan ad hoc y tan sutil en sus matices que, en circunstancias idénticas, sirvió para evitar el banquillo al banquero, a Botín, pero no al político vasco Juan María Atutxa.
A partir del lunes a la Infanta pueden ocurrirle tres cosas. La más favorable es que desde el primer instante se le concedan los beneficios de la doctrina Botín y se vaya a casa tan tranquila. La segunda, es que el tribunal decida que continúe el juicio antes de determinar si la inhibición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la hora de acusar la exime de ser juzgada. La tercera es que haya sentencia y, para colmo de males, sea declarada culpable.
Ninguna de las opciones es inocua para Cristina de Borbón. Solo se trata de limitar el alcance de los daños. Una salida inmediata del banquillo desatará otra agria polémica sobre la igualdad de todos ante la Justicia. Y esta es la más favorable de las posibilidades. Una condena abrirá un terremoto informativo en medio mundo y pondrá una patata caliente en manos de un Tribunal Supremo, muy dado a mostrar una magnanimidad como los poderosos que no se detecta en otros casos. Sea cual sea el final de la película, la Infanta habrá hollado el prestigio de la monarquía.
