La fiscalía anticorrupción ha marcado una línea roja en los posibles pactos de conformidad del caso Nóos: que los acusados que busquen acogerse a una reducción de condenas devuelvan los millones de euros de fondos públicos desviados. Tres ex altos cargos del Govern de Jaume Matas, acusados de favorecer a Iñaki Urdangarin en el amaño de contratos y malversación de caudales, ultiman las negociaciones con la fiscalía para sellar un acuerdo de conformidad.
Los primeros que mostraron su interés por recibir las atenuantes muy cualificadas de colaboración con la Justicia fueron José Luis-Pepote Ballester, exdirector general de Deportes del Govern y antiguo amigo de Iñaki Urdangarin. Ballester pactó con la fiscalía un acuerdo global de conformidad para todo el caso Palma Arena, entre cuyas piezas separadas destaca la de Nóos. El exdirector general, no obstante, no quiere devolver los 2,6 millones de euros que le reclama el fiscal o los 3,5 millones que le exige el Govern.
Después de Ballester el segundo acusado que confesó fue Marco Antonio Tejeiro, cuñado del número dos de Nóos, Diego Torres, y antiguo contable del entramado societario que fue utilizado supuestamente para desviar varios millones de euros de fondos públicos.
La estela de Ballester ha sido seguida por otros exaltos cargos del Govern de Matas: los acusados Gonzalo Bernal y Miquel Àngel Bonet, defendidos por Gaspar Oliver, y Juan Carlos Alía, representado por José Ignacio Herrero. Los tres ocupaban puestos de responsabilidad en el Ibatur e Illesport entre 2003 y 2007 cuando esas entidades públicas pagaron a Iñaki Urdangarin 2,6 millones de euros por unos trabajos relacionados con el equipo ciclista Illes Balears (subvencionado por el Govern con 20 millones de euros) y dos foros sobre turismo y deporte (los Illes Balears Forum).
Negociaciones individuales
Ninguno de los tres está dispuesto a ir a prisión por estos expedientes públicos, donde, presuntamente, actuaron, como Ballester, siguiendo órdenes del también acusado Jaume Matas. Sus abogados quieren cerrar las conformidades antes de la vista oral del día 11 o, al menos, antes del 9 de febrero, día en que comenzará el interrogatorio de los acusados.
Las negociaciones con la fiscalía se están haciendo de manera individual y versan sobre los delitos que la fiscalía imputará a los exaltos cargos y las penas para los mismos.
Alía se enfrenta a 4 años de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad de documento público y fraude a la Administración.
El fiscal Pedro Horrach reclama para Miquel Àngel Bonet 5 años y medio de cárcel por los mismos delitos, pero le aplica la agravante de reincidencia. Gonzalo Bernal el que tiene una petición de condena más elevada: 8 años de privación de libertad por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude.
