Una persona asalariada con menos de treinta años de edad que quisiera adquirir una vivienda en propiedad en Balears, donde el mercado inmobiliario es uno de los más excluyentes del país, debería dedicar casi el ochenta por ciento de su salario -en concreto, el 78,9%- para conseguirlo.
Este "esfuerzo" para pagar las cuotas hipotecarias sería el segundo más alto de todo el país tan solo por detrás del de Euskadi, comunidad con unos prohibitivos precios de la vivienda que no obstante ostenta el segundo nivel adquisitivo más elevado entre las poblaciones de jóvenes asalariados de todo el país.
En el caso de que tan solo quisiera alquilar su vivienda habitual, un joven de entre 16 y 34 años de las islas debería dedicar el 76,3% de sus emolumentos, el esfuerzo más grande de todo el país, según refleja el Observatorio de la Emancipación correspondientes al primer trimestre del año anterior.
Este informe recalca que, para los hogares jóvenes de Balears, el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler implica realizar un sobreesfuerzo económico superior al treinta por ciento recomendado que es, en el caso de la adquisición de un piso, del 39,2% del total de los ingresos del hogar, y de un 37,9% en el caso de alquiler.
El documento elaborado por el Consejo de la Juventud también pone de manifiesto que el 17,7% de los hogares de Balears formados por menores de treinta años padecían de sobreendeudamiento, un porcentaje superior al de la media registrada a nivel estatal.
La situación es más grave en los hogares compuestos por personas comprendidas entre el tramo de edad de los 30 a 34 años, ya que en estos núcleos familiares el sobreendeudamiento alcanzaba un porcentaje del 33,4%, el más elevado del país en esa franja de edad.
Buena parte de la culpa de estos esfuerzos, en muchas ocasiones sobrehumanos, para poder independizarse del hogar familiar hay que buscarla en la precariedad del actual mercado laboral, del que Balears no es, ni mucho menos, una excepción.
El informe del Observatorio de la Emancipación revela que en el primer trimestre del año pasado la condiciones laborales de la población menor de treinta años habían empeorado respecto al año anterior sobre todo en dos aspectos: el aumento de las personas con cualificaciones superiores a las exigidas por sus desempeños contractuales y con contratos temporales.
Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 87,3% de los contratos realizados a menores de 30 años eran de carácter temporal frente a un pírrico porcentaje del 12,7% de indefinidos.
