La Sindicatura de Comptes de Balears ha publicado una resolución donde ordena a todas las entidades locales, ayuntamientos y consells insulars, que le remitan cuando antes todos los contratos firmados durante 2015 para ser auditados por los técnicos del organismo de control económico del Govern. Es una de las primeras resoluciones que firma el nuevo síndico mayor, Joan Rosselló.

Los documentos solicitados también hacen referencia a las empresas públicas de las entidades locales, además de los realizados de forma directa por las instituciones públicas.

La Sindicatura de Comptes solicita los contratos de obras, concesiones, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el privado cuya cuantía supere los 600.000 euros. De igual modo, quiere ver los contratos de suministros superiores a los 450.000 euros y los contratos de servicios y contratos administrativos especiales mayores de 150.000 euros.

En el caso de que se hayan realizado contratos mixtos se deberán entregar a los auditores cuando la suma del mismo supere los 150.000 euros.

Solo quedarán exentos los llamados contratos menores que en el caso de las obras no pueden superar los 50.000 euros y en el caso de los administrativos no pueden ser mayores de 18.000.

El plazo para entregar esta documentación es de un año. No obstante, la Sindicatura se ha quejado en reiteradas ocasiones de la falta de colaboración y puntualidad de las administraciones a la hora de rendir cuentas.