La consellera de Salud, Patricia Gómez, se manifestó ayer en contra del Real Decreto de Prescripción Enfermera, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre y que hoy entra en vigor tras su publicación en el BOE y anunció la intención del Govern de impugnarlo si los servicios jurídicos avalan la decisión.

Gómez declaró que está totalmente en contra del contenido del real decreto "porque supone un acto de absoluta irresponsabilidad que va en contra de la realidad sanitaria y no responde a las necesidades de los pacientes".

El texto establece que los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, son los únicos profesionales con facultad para recetar.

Por lo tanto, los enfermeros, a pesar de que tienen la misma formación en farmacología acreditada por el Ministerio de Educación, no podrán administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica que se tiene que seguir.

La titular de Salud consideró que la entrada en vigor del real decreto no sólo no soluciona el problema del vacío legal que afecta la actividad del personal de enfermería, sino que agrava la situación dado que impone una prohibición que sin ningún motivo quita autonomía a los profesionales que llevan a cabo una tarea asistencial con formación y eficiencia probadas.

Gómez añadió que "el Ministerio ha creado un problema donde no había ninguno" y defendió la capacitación de las enfermeras y de los enfermeros. Al mismo tiempo, lamentó que la nueva normativa "les impedirá desarrollar, de manera autónoma, centenares de actuaciones que hasta ahora han realizado con normalidad".

La consellera de Salud, consideró que esta decisión tiene consecuencias directas para los profesionales de enfermería, que ya no podrán llevar a cabo muchas de tareas cotidianas sin la autorización previa del médico; para los médicos mismos, que verán aumentado considerablemente el volumen de trabajo, y para los pacientes, que verán alargados los tiempos de atención.

Patricia Gómez apeló al sentido común y anunció que los servicios jurídicos hacen trabajo para buscar una solución que apoye y estabilidad en los trabajadores. En este sentido, avanzó que se estudiará la posibilidad de impugnar el Real decreto.