El exconseller de Turismo de UM Francesc Buils ha admitido hoy que defraudó fondos públicos por valor de 176.000 euros y prevaricó, por lo que ha sido condenado a 1 año de prisión y 7 de inhabilitación, una confesión que le ha permitido una rebaja sustancial de la condena que pedía inicialmente la Fiscalía.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau, que en su primer escrito de acusación reclamaba 6 años de prisión para Buils, ha acordado con la defensa de Buils retirar la acusación de malversación, y también ha pactado la confesión a cambio de una reducción de la pena con el resto de acusados, que han reintegrado la cantidad defraudada a las arcas públicas.
También ha sido condenado el exdirector general de Planificación y Ordenación Turística Santiago Balaguer y otras tres personas con las que se concertaron para firmar un convenio que utilizaron para beneficiarse de fondos públicos.
La de hoy es la cuarta condena contra Buils, que en el último mes ha admitido diferentes delitos de corrupción en otras dos causas y que se encuentra en prisión desde julio de 2013 por la primera pieza juzgada del caso Voltor.
Buils y Balaguer se pusieron de acuerdo para beneficiar arbitrariamente con fondos públicos a Dolores Ordóñez, con la que el segundo tenía una estrecha relación, así como a un hermano y una cuñada de ella, mientras que otro hermano y su esposa han resultado absueltos.
El exconseller, como presidente de Inestur, y Balaguer como su vicepresidente, ordenaron a trabajadores de dicho organismo que redactaran un convenio con la fundación COINT, controlada por Ordóñez, que se firmó en julio de 2007, con un presupuesto de 140.000 euros, para la implementación de una estación náutica y labores de comunicación.
La mujer era técnico del Centro Balears Europa (CBE) desde 2004 y en ese mismo organismo trabajaba también su cuñada. Ambas eran responsables de un proyecto europeo sobre náutica, circunstancia de la que se aprovecharon para beneficiarse con los fondos públicos que iba a encomendar el CBE a Inestur para ejecutar dicho proyecto.
Como lo que se pretendía era que COINT prestara servicios a la administración, Inestur debería haber iniciado un concurso que permitiera la libre concurrencia, que además debería haber acordado su consejo de administración (no su presidente y vicepresidente) porque superaba los 120.000 euros de gasto.
Dos meses y medio después de la firma del convenio y sin que la fundación sin ánimo de lucro COINT hubiera hecho las tareas encomendadas, la entidad presentó dos facturas por importe de 70.000 euros a Inestur que fueron abonadas.
El CBE no reintegró los 140.000 euros pagados por Inestur a COINT porque no quedó acreditada la realización de los trabajos.
Por otra parte, Ordoñez y su cuñada encargaron varios trabajos ficticios de traducción sobre proyectos del CBE en los que intervenían como técnicas a empresas en las que participaba su entorno familiar.
Ambas encargaron esos trabajos ficticios aún sabiendo que está prohibido al personal de la administración contratar con el organismo al que estén vinculados.
Todas estas operaciones corruptas causaron a las arcas públicas un perjuicio de 176.125 euros que Ordóñez, su hermano y su cuñada, y Balaguer han devuelto, por lo que a los cuatro se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño.
Balaguer ha sido condenado a 1 año de cárcel por fraude, sustituible por una multa de 10.800 euros, y a 7 años de inhabilitación por prevaricación.
Dolores Ordóñez, también condenada por negociaciones prohibidas, ha aceptado una pena de 1 año y medio de prisión, nueve de inhabilitación y 3.600 euros de multa.
A Tayne Butler, cuñada de la anterior, le ha correspondido 1 año de prisión sustituible por 7.200 euros de multa y otra sanción económica de 3.600 euros, mientras que su marido, Javier Ordóñez, también ha sido condenado a 1 año de cárcel reemplazable por 7.200 euros.
En los dos últimos juicios, Buils pactó penas de 1 año de cárcel por defraudar a la administración al pagar con fondos públicos a un periodista por hacer informes innecesarios a cambio de informaciones elogiosas y 9 meses por malversar 30.871 euros al beneficiarse de los intereses de una cuenta abierta con fondos del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) en 2008.
