Un asesor jurídico del Ayuntamiento de Palma, que ayer fue interrogado como testigo en el marco del caso Picnic, señaló que la contratación de trabajadores medioambientales por parte del Consistorio -y que según los investigadores se dedicaban en realidad a buscar el voto a favor de Unió Mallorquina- no fue legal puesto que sus nombres fueron "impuestos" por varios integrantes del partido sin que hubieran sido sometidos a ningún proceso previo de selección.
Durante su declaración ante el juez Pedro Barceló, el testigo, Jaime Escalas,indicó que entre los miembros de UM que decidían a quién colocar estaban la exgerente del Imfof, Catalina Payeras, y Eugenia Cañellas, secretaria técnica del exvicepresidente del Consell, Miquel Nadal. El magistrado continúa de este modo con los interrogatorios en torno a la contratación, a través del Imfof, de una veintena de trabajadores medioambientales que en ningún momento realizaron el cometido para el que ocupaban esos puestos.
