­La consellera de Salud, Patricia Gómez, afirmó ayer en el pleno del Parlament que desde la reapertura de los centros de salud por las tardes hace dos semanas han acudido en horario vespertino 11.615 pacientes. De estas consultas, más de 7.000 se realizaron con médicos de familia, 3.000 con enfermeras y unas 1.200 con pediatras. Gómez respondía así a la diputada Olga Ballester, de Ciudadanos, quien afirmó que las cancelaciones de consultas demuestran que la reapertura es un "fraude" fruto de la "política electoralista" del Govern. La consellera sostuvo que la decisión de reabrir los centros de salud por las tardes, cuyo cierre decidió en la pasada legislatura el Govern del PP, sólo es rechazada por una minoría de profesionales.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, utilizó también el dato sobre los pacientes que han acudido a los centros de salud desde su reapertura para replicar a la portavoz popular, Marga Prohens, que se expresó en el mismo sentido que la diputada de Ciudadanos. Prohens también consideró un "fraude a los ciudadanos" esta medida ya que "en muchos sitios no se les puede atender, se les deriva a otros centros de salud o se les da hora en pediatría con una lista de espera de 10 o 12 días".

"Cuando había consultas cerradas era con ustedes, en concreto estaban cerradas todas las consultas por la tarde", replicó con ironía la jefa del Ejecutivo a la portavoz popular en referencia a los recortes del Govern de José Ramón Bauzá, entre ellos el cierre de los centros de salud en horario vespertino. Para Armengol, las 11.615 consultas en dos semanas por las tardes demuestran que esta medida "era necesaria".

"Destruir es muy fácil, construir es más difícil", espetó Armengol a Prohens. Añadió que el Govern del Pacto está "devolviendo" el derecho a la salud pública a todos los ciudadanos de Balears y sostuvo que "se está avanzando de forma aplastante" en este sentido.

Pago de horas extra

Tras recordar que el Ejecutivo del PP "envió al paro a 1.300" profesionales sanitarios en la pasada legislatura, Armengol resaltó que el Pacto ha adoptado medidas en sentido contrario. Entre ellas, anunció que a final de mes se pagarán "185.000 horas extra" a los profesionales de la sanidad balear que el Govern del PP había dejado de abonar, lo que supone destinar 2,3 millones de euros que recibirán 3.344 profesionales.

Frente a ella, Prohens insistió en que la apertura por las tardes de los centros de salud se ha caracterizado por el "caos" y la "falta de personal". Añadió que frente a "las fantasías del país de las maravillas" de la consellera Gómez, "la realidad son carteles y consultas cerradas".

Además, emplazó a Armengol a "pagar a las farmacias", una cuestión que había planteado poco antes el diputado popular José Vicente Marí en una pregunta al conseller de Trabajo, Iago Negueruela, sobre el aumento del número de parados. Marí sostuvo que el Govern debe las facturas de octubre y noviembre a las farmacias, por un importe de unos 35 millones de euros.

La sanidad también fue objeto en el pleno de ayer de una proposición no de ley del PSOE en la que se pedía instar al Gobierno central a recuperar la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, devolviéndoselo a los inmigrantes sin papeles. La propuesta fue aprobada con el único voto en contra de la diputada de Ciudadanos, Olga Ballester, mientras que el PP se abstuvo y el resto de los grupos votaron a favor.

Junto a ello, el pleno del Parlament también aprobó una moción del PP sobre rescate energético, después de que los populares aceptaran varias enmiendas presentadas conjuntamente por los partidos del Pacto.

Rescate energético

Así, entre otras medidas, el Govern deberá promover un pacto contra la pobreza energética y crear un fondo autonómico para el rescate energético, además de impulsar un marco de cobertura social estableciendo un "mínimo vital" de suministro de energía, con el fin de garantizar que ningún hogar de Balears en situación de vulnerabilidad económica pueda quedarse sin este mínimo en los meses de invierno.

La propuesta fue aprobada por todos los partidos salvo Podemos, que se abstuvo al no aceptarse la totalidad de las enmiendas del Pacto, entre ellas las de instar al Gobierno central a acabar con las puertas giratorias desde la política a las grandes empresas eléctricas.