El Govern gasta 300.000 euros anuales para pagar el alquiler de las aulas prefabricadas con las que se suple la falta de plazas escolares en el archipiélago. En la actualidad, en las islas hay unas 93 aulas prefabricadas, aunque algunas son ya propiedad de la conselleria de Educación. El coste medio de alquiler de cada aula ronda los 4.000 euros anuales.
Según el director general de Centros, Antoni Morante, la intención de la Conselleria es ir negociando el precio de los alquileres según se vayan acabando los contratos vigentes y también firmar algunos con opción a compra para así tender a reducir el gasto en barracones. La previsión es poder recortar este gasto al menos un 40%.
Las aulas modulares son un apaño de las administraciones para suplir la falta de infraestructuras educativas. Morante subrayó que la anterior legislatura empezó con la mitad de las que hay ahora mismo, pero que han tenido que doblarlas dada la escasa inversión hecha durante el Govern del PP en escuelas e institutos.
Para 2016 los presupuestos de Educación prevén un gasto en infraestructuras de 8,83 millones de euros, lo que supone un 30% más. Pese a ser el capítulo que más crece, entidades como la Assemblea de Docents y la federación de asociaciones FAPA han criticado que esta inversión es insuficiente dadas las grandes necesidades existentes. Entre las obras planificadas, está la construcción del nuevo instituto de Santa Maria, un nuevo colegio en Formentera y otro en Son Macià. Morante señala que son conscientes de que hay varios municipios con necesidades importantes y por ello están tanteando dos opciones para poder iniciar la construcción de nuevos centros o ampliar los ya existentes sin cargo a los presupuestos de 2016. Por un lado, la opción de captar fondos europeos a través del Banco Europeo de Inversión. Por otro, firmando convenios con los ayuntamientos para que estos sean los que financien las obras y luego ir devolviéndoles el dinero.
Con la 'ley Montoro' en teoría los ayuntamientos no pueden endeudarse más, pero Educación señala que hay consistorios que tienen superávit, aparte de creer que sí existe alguna fórmula legal para poder firmar este tipo de convenio. De momento, ya se ha hablado de esta opción -en fases muy iniciales- con los ayuntamientos de Palma, Alcúdia, Campos, Caimari, Es Mercadal, y Sant Josep.
El responsable de Centros de la Conselleria asegura tener presente la necesidad de actualizar el mapa escolar -el último tiene más de quince años- para poder planificar mejor la construcción y ampliación de las infraestructuras en base a las previsiones demográficas y tendencias de la población escolar. Antoni Morante apunta que ya están trabajando en ello y que confían en poder tener un mapa escolar actualizado antes de que acabe el año.
