El fiscal apoya la exculpación del gerente de la UTE del Palma Arena

Miguel Ángel Rodríguez afirma que no pagó sobornos millonarios al expresident Jaume Matas

12.12.2015 | 02:53
El fiscal apoya la exculpación del gerente de la UTE del Palma Arena

Las claves

  • Detención: Rodríguez fue arrestado en agosto del 2009 en Palma
    Miguel Ángel Rodríguez, gerente de la UTE FCC-Melchor Mascaró que construyó el velódromo público Palma Arena, fue arrestado en agosto del 2009 y quedó en libertad tras declarar ante el juez José Castro.

    Recurso: El ejecutivo niega haber pagado sobornos millonarios a Matas
    El alto ejecutivo de la UTE ha formulado un recurso para pedir su exculpación. El imputado alega que la UTE no pagó sobornos al entonces president del Govern Matas ni es responsable de los sobrecostes.

    Apoyo: La fiscalía no se opone a la exculpación de Rodríguez
    La fiscalía anticorrupción no se opone al archivo de la causa para Miguel Ángel Rodríguez.

La fiscalía anticorrupción apoya la exculpación de Miguel Ángel Rodríguez, el gerente de la UTE que entre 2006 y 2007 construyó el velódromo público Palma Arena y que está imputado en ese sumario desde 2009. Rodríguez afirma que no pagó comisiones millonarias al entonces president del Govern Jaume Matas, también encausado, y que el descuadre de más de 60 millones de euros entre lo presupuestado para el velódromo y el coste real no se puede atribuir a la constructora.

En la pieza principal del Palma Arena se investigan los descuadres millonarios en las obras, que estaban presupuestados en 47 millones de euros y costaron finalmente 110 millones, y los presuntos sobornos millonarios que la adjudicataria habría pagado al president Jaume Matas por haber ganado el concurso.

Uno de los imputados es Miguel Ángel Rodríguez, el gerente de la constructora FCC-Melchor Mascaró, que ahora quiere ser exculpado, un archivo que la fiscalía comparte.

El patrimonio de Matas

Rodríguez, representado por el exfiscal Luis Jordana de Pozas, fue detenido por la Policía en agosto del 2009, cuando estalló el caso Palma Arena. El ejecutivo quedó en libertad bajo fianza poco después.

Su recurso analiza las pruebas de que se hubiera pagado un cohecho con ocasión del velódromo y afirma que no existe en la causa el menor indicio de esas comisiones. También rebate las sospechas de los investigadores respecto a que el patrimonio de Jaume Matas podría haber crecido de manera irregular gracias a los sobornos recibidos por obras públicas, entre ellas el velódromo.

El abogado argumenta en ese sentido que Matas compró su palacete de la calle San Felio y se instaló en el piso de la calle de Don Manuel de los Herreros de Madrid, que la fiscalía le atribuye en propiedad a través de un testaferro, antes de que se oyera hablar del velódromo y de que se adjudicara el concurso.

Según el recurso, nunca podría hablarse de que sobornos del velódromo habrían servido para acrecentar el patrimonio del expresident del Govern, porque es imposible temporalmente.

"El informe de la Guardia Civil sitúa el origen del incremento patrimonial no justificado del señor Matas en 2004, mucho antes de enero del 2006 en que se produce la adjudicación".

Niega los sobornos

"No hay ningún dato en la causa que permita sostener que la UTE, las empresas que la conforman, ni mucho menos mi representado hayan sobornado al señor Matas para lograr la adjudicación de la obra o algún proyecto complementario", zanja el recurso.

Las gestiones realizadas en Estados Unidos por el juez Castro hace varios años para tratar de localizar en ese país parte del patrimonio oculto de Matas, producto de esas comisiones, fueron negativas.

Uno de los presuntos delitos que se investigan en la pieza principal es el de fraude a la Administración, porque las obras se adjudicaron por 47 millones de euros y costaron, por lo menos y sin acabarse del todo, 110 millones.

La UTE FCC-Melchor Mascaró, ganadora del concurso, matiza esas cifras y cuantifica en 69 millones sin IVA (79,9 millones con IVA), los sobrecostes sobre los 47 millones presupuestados.

La adjudicataria culpa claramente de esos descuadres a dos causas: la pésima calidad del proyecto presentado por el primer arquitecto, Ralph Schürmann, que tuvo que ser despedido por el Govern y sustituido por los hermanos García Ruiz, y las prisas del Ejecutivo de Jaume Matas por acabar las instalaciones.

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