La conselleria de Educación se reúne esta tarde con los representantes de la Assemblea de Docents en un intento de frenar la huelga que hay convocada el próximo martes en la enseñanza pública. Además de confrontar posturas, y en caso de que la convocatoria se mantenga, se hablará también sobre los servicios mínimos que regirán el día del parón lectivo.

La Assemblea ya ha clarificado qué quiere para desconvocar la huelga: 36 millones más de presupuesto para educación en 2016; avanzar la devolución de los complementos salariales de tutores y jefes de estudio a enero de 2017 (el acuerdo marco los recupera para 2018); y crear una mesa con representantes de la comunidad educativa para minimizar los efectos de la LOMCE. La Assemblea se lo juega todo a esta propuesta y renuncia así a renegociar el acuerdo marco que March firmó con STEI-i y CCOO (el conseller ya dijo que no volvería a negociarlo) y también deja de cuestionar el acuerdo sobre sexenios firmado hace unas semanas.

La organización asamblearia señala que esos 36 millones más podrían salir de dos lados. Por un lado, aluden a los 40 millones que Podemos pide que el Govern sume al presupuesto de 2016 "reestructurando la deuda". Según la formación de Alberto Jarabo, sería posible posponer ese pago ya que la deuda no vence en 2016. Asimismo, la Assemblea cree que Educación podría rascar algo de los 80 millones de euros anuales que el Gobierno central se ha comprometido a abonar al archipiélago en 2016, 2017 y 2018.

Los docentes señalan que con esos 36 millones el presupuesto para Educación crecería un 10% "entrando en la línea de mejora que esperaba la comunidad educativa". La Assemblea defiende que ese aumento se destine a hacer un "plan de choque" para bajar las ratios y otro de "apoyo educativo" (reforzando los equipos de orientación), así como el pago de los meses de julio y agosto a los interinos que trabajen todo el curso (el acuerdo marco volverá a pagarlos en 2018).

Respecto a la convocatoria de huelga prevista para el próximo martes, la Asociación Prou animó a los padres a llevar a sus hijos a clase igualmente mientras que el IPFB tachó al conseller de "cobarde" por no denunciar la huelga "por abusiva e ilegal".