En la administración pública, el dinero nunca es suficiente. La frase es casi un mantra con el que se justifican gestores de todo color político al poco de acceder al poder. Y esta vez no es la excepción: al Govern del Pacte, sostenido por los votos de PSOE, Més y Podemos, no le da para llegar al paraíso programático prometido. Ni siquiera en una de sus medidas estrella, la renta social garantizada, con la que se plantearon sacar de la práctica inanición a los miles de familias arrojadas a las cunetas del sistema por una crisis laboral que aún golpea. Con los 20 millones de euros presupuestados para esa pensión básica de supervivencia dará exactamente para pagar los 426 euros al mes prometidos a 3.912 personas durante 2016, que se sumaran a los 43.906 parados de las islas que cobran algún tipo de prestación o subsidio. Por el camino se quedan a día de hoy 45.494 personas que salen adelante sin ninguna renta en euros, que serán igualmente más de 40.000 cuando entre en funcionamiento la nueva renta del Govern.

Lo reconocen en el propio Ejecutivo balear, en el que matizan dos cuestiones. Primero, estos 20 millones son solo el principio, y en 2017 ya destinarán a la renta los 60 millones prometidos. Y segundo, conseguir esa partida inicial de 20 millones obligó a todas las áreas del Govern a grandes renuncias presupuestarias. Aunque ni con eso da para cumplir: cuando el plan se complete y en 2017 (o 2018) se destinen a la renta social los 60 millones prometidos, los beneficiarios serán menos de 12.000. Con lo que seguirán quedando 30.000 personas en las islas que tendrán que apañarse para subsistir sin recursos.

Preguntados al respecto, en el Govern apuntan que para entonces esperan que los síntomas de recuperación que empieza a haber permitan una mejora más perceptible de la situación laboral, que reduzcan esas necesidades. Aunque en cualquier caso reconocen que la idea de una renta social garantizada para que no haya nadie sin recursos excede las posibilidades presupuestarias de una comunidad con un déficit de financiación como el balear. Las cuentas son claras: si el Govern quisiera entregar 426 euros al mes (no ya los 600 que prometieron inicialmente) a las 45.000 personas que viven sin recursos en las islas, necesitarían 19 millones de euros al mes, no 20 millones como los presupuestados para todo el 2016. Al año serían precisos casi 240 millones de euros, una cifra tan gruesa que bastaría para pagar a todos los médicos de la sanidad pública. De hecho, 240 millones son más de los que tendrá el año que viene la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, para financiar toda la actividad de su departamento, dotado con 163 millones (cifra récord, por cierto).

"Reforma del sistema"

Por todo ello hay en el Govern quien considera que la solución a esta bolsa creciente de personas sin recursos es una reforma del sistema nacional de prestaciones por desempleo. Lo explica el director general de Trabajo del Govern, Llorenç Pou, que a la luz de los datos de desempleados de larga duración y de personas sin recursos, recalca que desde 2011 "hay el mismo número de personas que están siempre sin protección y tienen dificultades para entrar en el sistema de prestaciones". "En 2012 el Gobierno Rajoy hizo reformas en las prestaciones, de modo que se dificultó el acceso a la protección, dejando a muchas personas sin sustento económico. La realidad es que el sistema no está diseñado para una crisis económica tan larga, en la que vivimos una situación a dos niveles: es verdad que el paro se reduce, pero a la vez el número de personas sin ningún tipo de prestación no deja de crecer. Es decir, tenemos un sistema que no da respuesta a las necesidades de las personas, por lo que hay que remodelarlo".

Los datos parecen darle la razón. El sistema se gasta al mes 33 millones en las islas para pagar las prestaciones de los parados que no han agotado su cotización, los subsidios de quienes la han acabado y la renta activa que ya existía. A esa cifra se le sumarán con la renta social del Govern otros 1,6 millones al mes. Se pasará de 33 a 35 millones. Y seguirá sin dar para contrarrestar la exclusión social creciente que padece Balears, la comunidad que está liderando la salida de la crisis. Imagen el resto.