Multar o no multar

Los grupos parlamentarios de L PSEO, Més per Mallorca y Més per Menorca, y Podemos presentaron el mes pasado una proposición no de ley para que el Govern cree un plan contra el tráfico de mujeres. Margalida Capellà, de Més, explicó a este diario que la propuesta parte de la base de la explotación sexual como una forma de violencia de género, al ser un tipo de violencia que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres.

Por eso, entre otras cosas, se argumenta como necesario "adoptar medidas de sensibilización y legales contra la explotación sexual que tengan en cuanta que es una forma de violencia de género y que la prostitución seguirá siendo el mérco idóneo" para que se produzca hasta que "no se penalice la demanda como se hizo en Suecia en 1999, en Francia en 1913 y en Canada en 2014".

El llamado "modelo nórdico", según se explica en la exposición de motivos, supone que el delito "lo constituye la compra de servicios sexuales y no los servicios de las personas que ejercen la prostitución".

Así, esta proposición quiere que el Parlament inste al Gobierno central a emprender iniciativas "para desincentivar la demanda de prostitución y estudiar, como han hecho otros países, la penalización de la compra de sexo". Capellà precisó que la idea es que empiece a estudiarse esta opción de penalizar a los clientes, aunque admitió que tiene sus posibles inconvenientes y abre un debate sobre los efectos que puede tener en la seguridad de las mujeres: "Puede darse la consecuencia perversa de que las mujeres acaben en mayor proporción en pisos, lo que puede poner en peligro su seguridad". Con este plan, se busca también lograr algo más coordinación sobre cómo afrontar esta situación de un municipio a otro.

Dos normativas diferentes

En Platja de Palma por ejemplo está en vigor la Ordenanza Cívica aprobada por el anterior consistorio del PP, que implica multar a los clientes de los servicios de prostitución. Desde la entrada en vigor de esta normativa en mayo de 2014, se ha multado a cinco hombres "demanda directa o indirecta de servicios sexuales" y a otros nueve por "despreciar la intimidad de la persona". Las multas tienen una cuantía de entre 200 y 400 euros.

En Calvià, las multas son para las prostitutas. Incluso, cuando el 'popular' Carlos Delgado era alcalde, se trató de perseguirlas a través de la vía penal. Primero eran multadas por ejercer una actividad económica sin licencia, pero si las volvían a apercibir, trataban de imputarles un delito de desobediencia a la autoridad. Los tribunales acabaron dictaminando que no cabía la vía penal.

Las ONGs que atienden a prostitutas rechazan que se las persiga a ellas, pero por lo general tampoco apoyan que se penalice a los clientes. Desde Médicos del Mundo, Julia Gallo señala que su postura es abolicionista y considera que sancionar al cliente "es penalizar a la prostituta", además de contribuir a estigmatizarla aún más.

Empoderar a las mujeres

Gallo cree que el "gran reto" es "empoderar" a estas mujeres, que vean que pueden dejar de ejercer esta actividad y vean qué, viendo el balance total, les compensa hacerlo. "Es un trabajo a más largo plazo e implica activar recursos para integrarlas en el mercado laboral, como becas". Por ejemplo, señala como posible salida laboral de estas mujeres el cuidado depersonas mayores habiendo pasado una formación específica para ello.

Recaudar y mejorar condiciones

¿Cuáles son los argumentos de los que defienden regular esta actividad? Entre otras cosas, todo lo que se podría recaudar a través de impuestos, además de dar mejores condiciones a quienes la ejerzan de manera voluntaria. Así lo argumenta por ejemplo Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que lleva este punto en su programa electoral. En Barcelona, Ada Colau también ha planteado una regulación.

Tanto Gallo como Capellà rechazan de pleno estos argumentos. La diptuada de Més recuerda que está demostrado que en los sitios en los que se ha regulado la prostitución es donde hay más tráfico de mujeres.