Financiación irregular del PP

Castro pide a Hacienda los pagos y cobros del PP nacional de once años

El magistrado insiste en la pista sobre posibles sobornos a la fuerza conservadora a través de su sede nacional de la calle Génova 13

03.12.2015 | 09:26
La sede central del PP en la calle Génova 13 de Madrid.

Las claves

  • Son Espases: Sospechas de sobornos por la adjudicación del hospital

    Los investigadores del caso Son Espases sospechan que los adjudicatarios de ese hospital (uno fallido y el otro definitivo) pudieron pagar unos sobornos millonarios al PP nacional. Esas dádivas se habrían colado entre los gastos de la reforma de la sede de la calle Génova 13.
     
  • Obras: Investigar a fondo la reforma de la sede de Génova 13

    Castro empezó el pasado 26 de octubre a investigar a fondo las obras de reforma de la sede nacional del PP de Génova 13 y recabó, en primer lugar, información al propio partido, que le mandó, con extrrema rapidez, unos pocos datos y facturas.
     
  • Hacienda: Información sobre los cobros y pagos del PP en once años

    La última pesquisa activada por el magistrado mallorquín es reclamar a Hacienda información sobre los cobros y pagos superiores a 3000 euros efectuados por el PP entre 2000 y 2010, ambos inclusives. Idéntica solicitud se ha hecho respecto a la compañía Mapfre.
     

El juez José Castro insiste en su línea de investigación sobre el pago de sobornos al PP nacional en forma de trabajos u obras en su sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid, a cambio de la adjudicación del contrato para construir y explotar el hospital público de Son Espases. Ayer recabó a la Agencia Tributaria los datos sobre los pagos y cobros de más de tres mil euros realizados por el PP en once años (de 2000 a 2010, inclusives) e idéntica documentación sobre Mapfre, la aseguradora e inmobiliaria que primero alquiló y luego vendió a la fuerza conservadora sus oficinas nacionales de Génova 13.

Castro inició las pesquisas sobre Génova 13 el pasado 26 de octubre e inicialmente se dirigió al propio partido, al que pidió un listado de las obras efectuadas en el edificio entre 2002 y 2010, las empresas contratadas y subcontratadas para esos trabajos, así como las facturas originales que acreditaran los pagos.

El PP le mandó parte de esa información con extrema rapidez, pero le explicó que ignoraba cuáles habían sido las subcontratas y que el grueso de las facturas obraba en poder del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, en su investigación por los delitos fiscales por esos trabajos de reformas.

Estudio de arquitectura

Tras la documentación recibida del PP, Castro centró sus pesquisas en el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales S.L., a cuyos responsables la Audiencia Nacional imputa delitos fiscales por haber cobrado parte de sus emolumentos en dinero negro, pagado por los conservadores.

El magistrado reclamó al juzgado central 5 y a Hacienda datos sobre los presuntos delitos fiscales atribuidos a Unifica.

El juez también recabó a un Registro de la Propiedad de Madrid las anotaciones registrales de Génova 13, número de plantas, superficie de las mismas y listado de propietarios. Esa información ha permitido descubrir que Mapfre tuvo alquilado el inmueble al PP durante varios años y luego se lo vendió. La finca tiene al menos siete plantas de altura, más los bajos y plantas subterráneas.

Datos fiscales

El magistrado solicitó ayer a Hacienda las operaciones con terceros del Partido Popular (pagos y cobros superiores a tres mil euros) y de Mapfre para comprobar cómo declararon el alquiler del edificio y la compraventa, entre otros extremos.

La última búsqueda de información por parte del instructor del caso Son Espases se dirige al Ayuntamiento de Madrid, al que ha reclamado todos los expedientes de licencias de obras referentes al inmueble de Génova 13 en los once años mencionados.

El juez Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sospechan que el Govern de Jaume Matas adjudicó en 2006 a OHL, integrada en el grupo empresarial de Juan Miguel Villar Mir, el concurso de Son Espases, aunque luego se echó atrás y acabó dándole la mayor obra pública de Balears a una UTE liderada por Dragados, la empresa vinculada a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

Pago de comisiones

Los investigadores creen que Villar Mir, que está imputado en el sumario, pagó una comisión millonaria por adjudicarse las obras y explotación de Son Espases. El empresario, y exministro, ha negado con rotundidad haber entregado esa dádiva y ningún otro soborno en su vida por una obra pública.

Villar Mir estuvo imputado en la causa de los llamados papeles de Bárcenas, porque un informe policial apuntaba a que había hecho donativos al PP por cerca de medio millón de euros. El también catedrático de Derecho Administrativo rechazó ante el juez Ruz haber entregado fondos al PP, aunque admitió que sí donó dinero (45.000 euros anuales) a FAES, una fundación ligada a la fuerza conservadora.

Ruz, finalmente, exculpó a Villar Mir y a otros empresarios que aparecían como donantes en la contabilidad en B del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Según la exconsellera de Salut en el Govern Matas, la imputada y arrepentida Aina Castillo, un ejecutivo de OHL, el jefe de la sección de hospitales y también encausado José Magán, le amenazó con que Génova (el PP nacional) estaba molesto porque el hospital de Son Espases no se adjudicó a su empresa y sí a la de Florentino Pérez.

Magán rechazó ante el juez Castro haber dirigido esa frase a la consellera Castillo.

Sobornos con las obras

Castro quiere aclarar si alguna empresa vinculada a Villar Mir o Florentino Pérez trabajó para el PP nacional en el edificio de Génova.

En un informe de octubre del año pasado remitido a la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria cuantificó en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por la rehabilitación de su sede nacional en la calle Génova, al constatar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja.

Hacienda también detectó supuestos pagos en negro por los trabajos en otras plantas.

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