"Quiero ver qué nos dan, pero de esta gente no espero nada". El comentario, entre escéptico, amargo y descorazonado, es de un conseller del Govern Armengol. Responde a una pregunta directa del periodista: ¿De verdad confía el Govern en que la reunión bilateral de mañana entre la consellera de Hacienda de Balears y el ministro del ramo en España se saldará con la entrega de 460 millones a las islas? Y no se lo acaba de creer ni el Govern que lo pide. Porque eso es lo que pide, según confirmaban ayer en Hacienda: tras lograr, con amenaza judicial de por medio, que el ministro Cristóbal Montoro reciba a la consellera Cati Cladera, Balears aspira a lograr 460 millones en la comisión bilateral que se celebrará mañana.
La cita estaba incluida en un compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en su encuentro de septiembre en la Moncloa con la presidenta del Govern, Francina Armengol, había prometido escuchar al detalle las peticiones de inversión de Balears. El encuentro debería haberse celebrado ya, porque en la campaña que empieza este viernes no está permitido firmar ninguna inversión, pero el Gobierno Rajoy dio largas hasta que el Govern Armengol amenazó con ir a los tribunales para reclamar cientos de millones en inversiones estatutarias. Entre ellas están esos 460 millones de euro pendientes, que se desglosan en 70 millones de convenios estatutarios, 63 millones de inversiones firmadas en 2009 pero nunca ejecutadas en Platja de Palma, 87 millones de actuaciones ligadas a convenios ferroviarios y otros 240 millones nunca recibidos de acuerdos de carreteras del último decenio. Total: 460 millones, algo así como lo que cuesta pagar cada año a todos los profesores de las islas, o más de lo que invirtió en la comunidad el Gobierno Rajoy en toda la legislatura. Es decir, muchísimo dinero. De ahí la importancia de la cita, en la que el Govern también pretende que se ponga en marcha un nuevo Régimen Económico Especial para Balears, con el que compensar los efectos negativos de la insularidad.
Aunque la clave son los 460 millones, decía ayer la consellera Cladera, que recalcaba que lo que se firme en comisión bilateral "deberá ser cumplido por el próximo Gobierno" español, gane quien gane el día 20 las elecciones. Por eso también el escepticismo en el propio Govern, que espera poca generosidad en las últimas semanas del Gobierno central que menos ha invertido en Balears, el de Rajoy.
El caso de Platja de Palma
Aunque la materia es sensible. Muy sensible. Y tiene efectos a pie de calle. Algunos dramáticos, como le recordaban ayer al vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, los residentes e inversores de Platja de Palma. Barceló, acompañado del alcalde de Llucmajor, el teniente de alcalde de Palma, el conseller de Hacienda de Mallorca, el gerente del consorcio de Platja de Palma y el concejal de Turismo palmesano, había citado a vecinos y empresarios en s'Arenal para escuchar sus cuitas y explicarles al situación de esos 63 millones que espera el Govern para actuar en Platja de Palma. Y para empezar, el vicepresident les dijo algo de lo que ya han leído: que el Gobierno central debe 63 millones de inversiones estatutarias, que deberían haberse acabado antes del 15 de agosto de este año, pero no se hicieron por desidia de ejecutivos baleares anteriores, con lo que ahora el Gobierno no manda el dinero y Balears lo que quiere es una prórroga para hacer en la zona lo que no se ha hecho en 30 años, es decir, reformas de calado.
Luego Barceló pasaba la voz a los vecinos y empresarios, que expresaban, uno a uno, y sin fisuras, su hartazgo. Que es máximo. "Lo vemos cada vez peor porque legislatura tras legislatura nos dicen lo mismo y esto solo empeora. Ni se arreglan las calles", atacaba una vecina, comerciante, harta. "Hace treinta años años que estoy en la asociación de vecinos y aquí no llega nada. Tengo un negocio hace 34 años y llevo tiempo viendo el mismo bache en la carretera, que ahí sigue", asaeteaba otro, vecino, empresario, harto. "Cada Gobierno ha venido, les hemos enseñado los problemas, los han visto, y se ha pasado la legislatura y nada. Y hoy es una emergencia. Madrid no paga, es verdad, y este Govern se ha encontrado lo que hay, pero consigamos entre todos ese dinero para sacar a la Playa de Palma de la UVI", decía José Tirado, vecino, comerciante, líder patronal y también harto, aunque esperanzado.
Frente común
"Son muchos años de reuniones como esta para nada, estamos muy enfadados", decía otro, vecino, empresario, harto. O más bien, indignado. Se llama Biel Barceló, curiosa coincidencia, pues le respondía el vicepresident de idéntico nombre, que además es conseller de Turismo, y le pedía a su tocayo que den ideas para mejorar la zona si consiguen el dinero. Y que confíen, que al fin y al cabo, Barceló y su partido, Més, nunca han gestionado el Turismo, y ahora son los responsables de él tanto en Palma, como en Llucmajor y en el Govern. "Es comprensible el hartazgo, pero por eso es importante este frente común, esta intención de ir todos a una para acabar con el deterioro y solucionar los problemas de Platja de Palma como los han solucionado en otras zonas", zanjaba barceló, el vicepresident, que sabe que Balears se la juega mañana, aunque casi nadie crea en traer 460 millones de Madrid.
