A la espera de que efectivamente suspenda el pago el uno de enero que viene, el Govern dice estar decidido a acabar con el Nivel 33 en todas las instituciones, y no solo eliminarlo para los funcionarios de la Comunidad que lo cobran por haber sido políticos en su día.
Lo promete la consellera de Hacienda, Cati Cladera, que a preguntas de este diario asegura tajantemente que la nueva Ley de Función Pública que empezará a tramitarse a principios de 2016 en el Parlament balear regula la supresión "en todos los ámbitos" de la Administración del llamado Nivel 33. Ese nombre, que ya es parte del argot funcionarial, designa un complemento salarial de hasta1.151,23 euros al mes que perciben únicamente los trabajadores públicos que regresan a su puesto tras haber pasado dos años consecutivos o tres alternos como altos cargos de designación política en alguna institución.
Desde que en 2011 el PP de José Ramón Bauzá ascendió al poder, la promesa de liquidación del plus se ha repetido casi mensualmente. Primero el propio PP afirmó que iba a reducir los supuestos para beneficiarse del polémico complemento. Lejos de hacer realidad lo prometido, intentó ampliarlo a más altos cargos en octubre de 2014, cuando puso en letra de anteproyecto de ley que el complemento del que solo se beneficiaban hasta entonces quienes habían sido consellers, directores generales o gerentes de empresas públicas del Govern se le concediese también a quienes ejercían como alcaldes, concejales o incluso designados políticos como jefes de prensa y asesores. Eran los meses finales de la legislatura y, con las elecciones en el horizonte, el Govern Bauzá optó por rectificar en su proyecto, aunque únicamente después de las durísimas críticas que recibió tras ser desvelado por este diario.
Búsqueda de fórmulas
Con la caída del Govern del PP en las elecciones de mayo, y la llegada al poder de Francina Armengol (PSOE) y su Govern con Més, respaldado por Podemos desde el Parlament, el guión se repetía: nuevamente se prometía la liquidación del plus, un punto destacado dentro del pacto de gobierno firmado por el tripartito.
Desde entonces varios han sido los pasos para hacer de por fin realidad una promesa que aún hoy no ha pasado de ese rango. En julio el Govern anunció que lo liquidaba, sin que quedase claro si desaparecería solo para los políticos a partir de ahora en el cargo o también se le quitaría a los funcionarios de todas las instituciones baleares que han sido políticos con gobiernos pasados, desde tiempos de Cañellas (PP). En los meses sucesivos se han buscado fórmulas para intentar alcanzar dos objetivos: uno, que la medida se aplique a beneficiarios pasados, presentes y futuros de la prebenda política; y dos, que el final del plus afecte no solo a funcionarios del Govern, sino también a los de la Universidad, el IB-Salut, consells insulares y ayuntamientos.
No lo cobrará nadie
Y aquí es donde está la gran novedad: según la consellera, han encontrado la fórmula para acabar con el privilegio político para todos los que lo cobran, sea cual sea el momento en el que ocuparon el cargo e independientemente de la institución en la que tengan plaza de funcionario. Cati Cladera lo dejaba claro después de que este diario le preguntase por qué hasta ahora solo han sido capaces de usar la Ley de Presupuestos de 2016 para suspender (no anular definitivamente) su pago a los 172 antiguos altos cargos que hoy están al servicio del Govern como funcionarios, y no al total que se estima que también lo están percibiendo como personal de municipios, consells, universidades y otras administraciones públicas de ámbito municipal, estatal o autonómico (unos 400 según cálculos del STEI). "La Ley de Presupuestos no es el lugar para suprimirlo (el Nivel 33), por eso en ellos se suspende el pago a los afectados entre el personal público del Govern, pero la nueva Ley de Función Pública que entrará en el Parlament a principios de 2016 regulará esencialmente el Nivel 33, lo del catalán (que vuelva a ser requisito indispensable para ser funcionario público balear) y alguna otra adaptación", recalca la consellera, que enfatiza que "la idea y la voluntad de este Govern siempre fue suprimirlo, y eso es justo lo que vamos a hacer".
Y aquí empieza el lío, que tiene varios escenarios. El primero es el político: entre los cientos de beneficiarios del privilegio en forma de euros abundan los antiguos cargos del Govern Bauzá (19 concretamente), pero también decenas de etapas anteriores del PP, y numerosos cargos políticos del propio PSOE y de Més, que a título particular han presionado a las direcciones de sus partidos para pedir explicaciones e intentar salvar un plus que, en algunos casos, llevan lustros cobrando. Se abre ahí el segundo escenario, el jurídico, el más complejo: muchos de esos cargos citados han expresado a sus partidos la intención de recurrir ante los tribunales la supresión de su privilegio, que sería eliminado ahora por una ley de aplicación retroactiva.
Los privilegiados, a los tribunales
Y no solo la retroactividad de la medida está en cuestión: también el hecho de que el Govern, como explica Cati Cladera a Diario de Mallorca, vaya a legislar para regular en todos los niveles de la administración presentes en la comunidad, y no solo para quitárselo a los cargos que hoy son funcionarios en nómina del Govern.
De hecho, algunos de los privilegiados ahora recortados le recalcan a este diario que legislación estatal al respecto, incluida en el Estatuto Básico del Empleado Público, dice literalmente que "los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial, o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones, o de consejos insulares, diputados o senadores de las cortes generales y miembros de las asambleas legislativa de las comunidades autónomas" tienen derecho al Nivel 33. Es decir, la legislación estatal viene a decir que casi cualquier cargo designado por partidos políticos para ocupar puestos públicos puede cobrar la prebenda de hasta 1.151 euros al mes cuando vuelven a sus plazas de funcionarios.
¿Cómo se las apaña el Govern Armengol para pasar por encima de esto y quitar el privilegio a todos los que lo cobran? Pues los detalles aún se están cocinando, pero la consellera de Hacienda es firme en su anuncio. De su parte están algunos precedentes legales. El más importante es reciente: en Castilla-La Mancha, la expresidenta De Cospedal (PP), suprimió el privilegio en 2011, decisión recurrida por más de 70 antiguos cargos del PSOE en los tribunales, que en sus sentencias refrendaron la decisión de Dolores de Cospedal. Allí ya no se cobra la prebenda que Balears aún contempla pagar en los presupuestos de 2016.
