Polémica

El Gobierno recurre la devolución de la sanidad a inmigrantes sin papeles

El Govern asegura que mantendrá la asistencia porque el recurso judicial "no paraliza" esta decisión

28.11.2015 | 01:33

El Gobierno central ha llevado al Ejecutivo balear a los tribunales por su decisión de devolver la sanidad gratuita completa a los inmigrantes en situación irregular. El recurso judicial "no paraliza la resolución del director general del Ib-Salut", Juli Fuster, por lo que el Govern mantendrá esta asistencia, según afirmó el portavoz del Ejecutivo balear, Marc Pons.

En concreto, el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Fuster, una de las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo del Pacto. Pons explicó ayer que el Govern se planteó aprobar esta medida "por decreto", pero al final "se optó por la resolución" del director general del Ib-Salut porque parecía la opción "más segura", ya que de este modo no quedaría suspendida si Madrid presentaba un recurso judicial, como así ha sido.

El Govern del PP retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares cuando en 2012 el Gobierno de Rajoy acordó esta medida, restringiéndoles el acceso a la sanidad pública gratuita. Pons insistió ayer en que el Ejecutivo del Pacto mantiene su decisión de devolver esta asistencia en consonancia con "una defensa clara de la sanidad pública y universal", por lo que se seguirá atendiendo "a los ciudadanos que lo reclaman".

Reunión con el Gobierno

Por otro lado, explicó que la reunión que estaba prevista celebrar el lunes con el Gobierno central para tratar sobre inversiones estatales en Balears tendrá lugar el martes por la tarde o el miércoles por la mañana por "problemas de agenda". En la reunión, el Govern planteará la prórroga para ejecutar obras de inversiones estatutarias, cuyo plazo para realizarse ha acabado o está a punto de cumplirse. Según recordó, el Gobierno reclama al Ejecutivo balear 24 millones de los 70 aportados por este motivo. Asimismo, el Govern pedirá que el Gobierno cumpla las sentencias sobre el convenio de carreteras y que se cree un grupo de trabajo para preparar un nuevo REB, en el que se incluiría la tarifa plana para los vuelos interislas que reclama el Ejecutivo balear.

Pons efectuó estas declaraciones tras el Consell de Govern en el que, entre otras medidas, se acordó la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica para todas las dependencias de la administración autonómica, por dos años, por un importe de 52.310.610 euros. Explicó que con esta centralización el Govern prevé ahorrar aproximadamente un millón de euros y resaltó que la administración autonómica y sus empresas públicas consumen el 5% del consumo total de energía de Balears. El Govern exigirá a las compañías que presenten sus ofertas que garanticen que la electricidad que suministren a la administración autonómica sea de fuentes de energía renovable.

Por otro lado, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, anunció la convocatoria de ayudas para la inserción laboral de colectivos vulnerables para la que se destinarán 6 millones de euros. Estas ayudas "beneficiarán aproximadamente a 4.500 personas en riesgo de exclusión social" y el objetivo del Govern es lograr al menos un 35% de inserciones laborales, es decir, que unas 1.500 personas logren insertarse en el mercado laboral.

Además, el Govern nombró a Bartomeu Morro director general de Política Industrial y a Núria Hinojosa, gerente del IDI. Asimismo, aprobó el decreto de nombramiento de Francesca Mas Busquets como presidenta del Consell Social de la UIB.

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