El plan de la conselleria de Trabajo para que la mayor parte de la formación para parados se imparta en centros públicos se ha encontrado ya con un primer obstáculo: la amenaza de la asociación balear de centros de formación (Cecap) de recurrir ante los Tribunales lo que se considera como una ilegalidad, bajo el argumento de que se vulnera le legislación estatal sobre formación profesional.
Según la estrategia presentada el pasado lunes por la presidenta Francina Armengol y los consellers de Trabajo y de Educación, Iago Negueruela y Martí March respectivamente, la formación para los desocupados, a la que se destinan cuatro millones de euros, pasará a ser "pública y de calidad", y se impartirá de forma mayoritaria en instalaciones públicas como la Escuela de Hostelería o en institutos de formación profesional, dejando para los centros privados solo una parte de estos cursos.
Pero según Inés Ybarra, miembro de la Cecap, esta decisión "improvisada y sin mediar diálogo" va a excluir de esa formación ocupacional a centros privados que han realizado importantes inversiones para homologarse y poder ofrecer esas enseñanzas, lo que pone en peligro la supervivencia de muchos de ellos.
En cualquier caso, esta patronal va más allá y advierte de que la estrategia del Govern es ilegal, ya que en su opinión vulnera la ley 30/2015 que determina que la formación subvencionada deberá otorgarse mediante la convocatoria de un concurso, en el que podrán participar centros públicos y privados.
Por ello, Ybarra ha anunciado que en primera instancia se va a presentar una reclamación ante la Comunitat Autònoma para que rectifique la citada estrategia de formación ocupacional, ya que en caso contrario se recurrirá a la vía judicial mediante la presentación del correspondiente contencioso-administrativo.
La portavoz de la Cecap recuerda que su organización agrupa a una treintena de centros privados, y destaca que a esta reivindicación se están sumando otros, ante el riesgo de que "academias de barrio" se vean obligadas a cerrar sus puertas si se las deja fuera de las citadas subvenciones del servicio balear de empleo (Soib).
El Govern se defiende
Desde la conselleria de Trabajo se defiende su plan de formación ocupacional, alegando que sus asesores técnicos respaldan la legalidad de que buena parte de esta formación sea gestionada desde la propia Administración autonómica. En cualquier caso, se anuncia que durante los próximos días está previsto mantener encuentros con los representantes de los centros privados de formación para escuchar sus reivindicaciones, al tiempo que se recuerda que a principios del próximo año está previsto realizar una convocatoria para que una parte de esa formación pueda recaer también sobre estas academias, aunque mayoritariamente se quiera que sea pública.
Sin embargo, otras fuentes justifican el malestar de algunos de estos centros privados por la apertura de procesos en los que se les reclaman importantes cantidades económicas al considerar que la formación que ofrecieron en convocatorias anteriores había sido deficiente.
Como se recordará, el plan del Govern recibió el lunes el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y de las patronales CAEB y PIMEM, especialmente por parte de los primeros, que defienden el carácter público de las enseñanzas a los desocupados y que han calificado el plan como el primer paso en el cambio de modelo productivo de Balears.
