Govern

La Ley de Igualdad multará a los hombres que no paguen la pensión a sus exparejas

Se considerará violencia machista si lo hacen de forma voluntaria y las víctimas recibirán ayudas

24.11.2015 | 08:16
Fina Santiago, Marc Pons y Rosa Cursach, ayer presentando la nueva Ley de Igualdad.

Las claves

  • "La violencia económica es una forma de controlar a la mujer"

    La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, indicó que la violencia económica debe contemplarse como violencia machista porque tiene la finalidad de "seguir controlando a la mujer". Las víctimas podrán recibir prestaciones de la renta social.
     
  • Sanciones: se impondrán multas que van de 3.000 a 90.000 euros

    La Ley de Igualdad contempla sanciones que podrán ir hasta los 3.000 euros las leves, hasta 30.000 las graves y hasta 90.000 las consideradas muy graves.
     
  • Nuevos términos: se incluye el "feminicidio" y la violencia simbólica en la norma

    El término "feminicidio" se incluye en la nueva ley para designar a los "asesinatos por el simple hecho de ser mujer". También contempla la violencia simbólica para la publicidad y los medios de comunicación que den un trato vejatorio a la mujer en sus informaciones o reportajes.

El Govern presentó ayer el proyecto de la Ley de Igualdad que incorpora nuevos tipos de violencia contra las mujeres. Una de las novedades es la llamada "violencia económica", que se produce cuando un hombre deja de pasar la pensión de alimentos para los hijos a su expareja de forma deliberada y voluntaria. Estos hombres podrán ser sancionados, ya que la nueva norma considera que su acción persigue el "objetivo de seguir controlando económicamente a su expareja".

Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales; Marc Pons, conseller de Presidencia, y Rosa Cursach, directora del Institut Balear de la Dona fueron los encargados de presentar la nueva ley que entrará en el Parlament el próximo mes de diciembre.

Además de la violencia económica, la física y la psicológica, también se ha incluido la violencia simbólica. Se origina cuando en la publicidad o en los medios de comunicación se da un trato vejatorio a la mujer. Sobre esta cuestión, Cursach puso como ejemplo la publicidad que muestre imágenes que puedan ser degradantes para la mujer. También aseveró que los medios de comunicación que tengan acuerdos de colaboración con el Govern deben transmitir una imagen positiva del sexo femenino.

Santiago se refirió de forma concreta a la violencia económica explicando que "no pagar las pensiones alimenticias es una forma de continuar controlando a las mujeres y de provocar un maltrato psicológico". La consellera apuntó que las mujeres víctimas de este tipo de violencia machista podrán acceder a otras prestaciones de la comunidad, como es el caso de la renta social.

La consellera de Asuntos Sociales quiso hacer un poco de historia de esta ley. Recordó que fue presentada en el Parlament en 2011 y que tenía el consenso de todos los grupos políticos, incluido el PP. "Sin embargo, cuando José Ramón Bauzá tomó el mando del PP para ser el candidato todo cambió. Los populares votaron en contra de ella por una cuestión puramente ideológica", aseveró Fina Santiago.

Separación por sexo en colegios
El principal motivo de la negativa del PP de Bauzá a aprobar la Ley de Igualdad en 2011 fue que prohibía a la administración pública concertar con colegios que separen a sus alumnos por sexos. Fina Santiago achacó la decisión del PP a su "conocido apoyo a los colegios del Parc Bit".

Pese a ello, la nueva Ley de Igualdad ahora ya no podrá prohibir la segregación por sexo en los colegios concertados. Fina Santiago indicó que "la LOMCE, que ha aprobado el Gobierno del PP, impide esta prohibición. Una ley autonómica no puede ir en contra de una de rango estatal". No obstante, el Govern no descartó incluir la prohibición a la separación del alumnado por sexo en caso de que un nuevo Ejecutivo central derogue la polémica LOMCE.

El feminicidio
La nueva Ley de Igualdad también contempla como aspecto novedoso la palabra "feminicidio". Este término se utilizará para referirse a los asesinatos que se producen contra las mujeres "únicamente por el hecho de ser mujeres". De igual modo, establece que las empresas que contraten con la administración pública deben llevar a cabo una política de igualdad entre hombres y mujeres en su estructura.

Las instituciones públicas también tienen toda una serie de obligaciones que tendrán que cumplir, gobierne el partido que gobierne. Una de estas obligaciones será la de garantizar los recursos necesarios para la igualdad y que haya una plaza de acogida para mujeres maltratadas o acosadas para cada 3.500 mujeres. Asimismo, habrá un servicio de asesoramiento e información por cada 100.000 habitantes.

La nueva norma incorpora importantes sanciones administrativas por acciones u omisiones de la ley. Las multas por infracciones leves podrán llegar hasta los 3.000 euros, las graves hasta 30.000 euros y, por último, las muy graves hasta los 90.000 euros.

El consellera de Presidencia, Marc Pons, se refirió a la "transversalidad" de la nueva norma, ya que el objetivo del Govern es que todas las conselleries tengan presente la implantación de medidas de igualdad, así como los consells insulars y los diferentes ayuntamientos Por este motivo se contempla la creación del Observatorio de Igualdad y el Consejo por la Igualdad de Género.

El conseller Pons recordó que el Institut Balear de la Dona, que ahora depende de Asuntos Sociales, pasará a ser gestionado por Presidencia a partir de enero. Este es un acuerdo contemplado en el pacto de gobierno de todos los partidos de la izquierda.

Fina Santiago mostró su confianza en que el proyecto de Ley de Igualdad cuente con "la máxima participación posible para recoger la mayor cantidad de propuestas e iniciativas para ser trabajadas de manera conjunta y mejorar la norma". El pasado sábado ya fue publicada en el BOIB y se espera que el Parlament pueda aprobarla entre marzo y abril.

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