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Impuesto turístico

Los hoteleros se quedan sin poder de decisión sobre el uso de la 'ecotasa'

El destino del dinero lo dictaminará una comisión controlada de forma mayoritaria por el poder político, en la que los empresarios tendrán el mismo peso que los sindicatos y que los ecologistas

El vicepresidente Barceló (abajo, segundo por la izquierda) posa con los hoteleros, tras una reunión de septiembre.

Los hoteleros decidirán tanto como el GOB. O tan poco. El Impuesto de Turismo Sostenible (el nombre oficial de la nueva 'ecotasa') se utilizará en 2016 únicamente para cuadrar y maquillar las cuentas del Govern. Lo adelantó en exclusiva este diario hace tres semanas, y la cuestión sigue calentando el debate entre partidos políticos, toda vez que el Ejecutivo presidido por Francina Armengol había prometido a los empresarios usar el nuevo y polémico tributo para inversiones turísticas. Tanto a corto plazo, como a partir de 2017 el impuesto seguirá utilizándose para lo que quiera el Govern, como consagra el anteproyecto de ley del tributo, que hoy se publica en el Boletín Oficial de la comunidad.

Aunque el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló (Mes), volvió a decir esta semana en el Parlament que el impuesto, a partir de 2017, una vez que se haya constituido la comisión que decidirá el uso de lo recaudado, irá a pagar proyectos turísticos, patrimoniales, de innovación y ambientales, como se anunció para contentar a los empresarios hoteleros, la realidad que reconocen con el micrófono apagado en fuentes de alto nivel del Govern es que el tributo seguirá siendo una fuente de ingresos más. Una como otra cualquiera, llámese IVA o impuesto de Patrimonio. "Se usará para lo que sea más necesario en cada momento", afirma un alto cargo del Govern, que como otros, explica que el propio diseño del impuesto permitirá su uso en lo que desee el Govern. "Será para lo que más urgente sea, al menos mientras no haya una mejora de la financiación autonómica" explicitan.

¿A qué se refieren? Pues a que aunque el destino del dinero se decidirá a partir del 2017 en una comisión, la composición de esa mesa clave hará que el empleo de los recursos sea escogido casi exclusivamente por políticos. Según anunció oficialmente el Govern, que hoy lo plasma en el citado anteproyecto del tributo, en la comisión estarán cargos de tres consellerias del Govern (es decir, cargos políticos), representantes de los ayuntamientos a través de la asociación que los agrupa (es decir, políticos), miembros de los consells insulares (o sea, políticos), representantes de movimientos ecologistas (es decir, el GOB), y finalmente consejeros nombrados por los agentes sociales (es decir, sindicatos y patronales).

¿Resultado? Los hoteleros no deciden. En el mejor de los casos, la Federación Hotelera pinta tanto como el GOB, solo que con menos sintonía política con un Govern con el que llevan enfrentados desde que hicieron campaña por el PP de Bauzá. Y en cualquier caso, ese peso es intrascendente: la comisión es en un 70% político, algo que el Govern entiende como "muy positivo". "El turismo no es una cuestión solo empresarial, afecta a toda la sociedad, es normal que todas las fuerzas sociales, empezando por las elegidas por los ciudadanos en las urnas, decidan lo que es mejor para el turismo".

Impuesto para todo

Entendido así, cabría un uso turístico del impuesto en casi cualquier cosa, desde seguridad a fomento del empleo de calidad en el sector, pasando por mejoras de zonas turísticas, regeneración ambiental, limpieza de espacios públicos, conservación de patrimonio, impulso de proyectos innovadores de cualquier sector o incluso construcción de infraestructuras de apoyo al turismo, desde carreteras a hospitales. O sea todo lo que paga el Govern.

Y más, dice otro alto cargo de primer nivel de este Govern, que explica que, al final, usar el impuesto para lo que se quiera es tan sencillo como pagar cuestiones ambientales y turísticas directamente con lo recaudado por el impuesto, mientras se retiran del presupuesto recursos que antes se pagaban con el presupuesto. O dicho con un ejemplo: en vez de poner 30 millones en promoción en el presupuesto, dedicar cero euros, usar esos 30 millones en lo que se quiera, y luego pagar la promoción solo con el impuesto turístico. A eso apuntaba de hecho Biel Barceló, vicepresidente y responsable de Turismo del Govern, en la primera entrevista que concedió a este diario tras tomar posesión en julio. "Piense que con ese dinero del impuesto [entonces aún no era oficialmente de Turismo Sostenible] puedes liberar partidas del presupuesto que ahora se pagan con otros recursos."

¿Sigue siendo esa la intención? En público el mensaje sigue siendo el mismo: el impuesto irá a lo que dice el borrador, es decir, turismo, patrimonio, medio ambiente, como decía y dice Barceló. En privado, la cosa está aún más clara, tanto entre los cargos del PSOE como en los de Més: el tributo se usará en lo que haga falta, y los hoteleros, pese a sus quejas, serán mero atrezo en la comisión. Podrán hablar y proponer, y es posible que hasta se les escuche (aunque cuesta creerlo viendo el nivel de crispación al que han llevado su relación con el Govern), pero finalmente decidirán votos políticos.

Que así sea tiene que ver con que a día de hoy el nuevo tributo es indispensable, dicen, para sostener el nivel de servicios públicos de un Govern que ha prometido acabar con los recortes y desandar lo andado por el PP de José Ramón Bauzá. Este diario le preguntaba al respecto a la consellera de Hacienda, Cati Cladera, durante una entrevista concedida la semana pasada a Diario de Mallorca. La cuestión concreta era por qué se habían empeñado en publicitar el nuevo tributo como un impuesto que se destinaría a turismo, cuando la realidad, como demuestran los datos, es que los turistas escogen Balears en gran medida por ser un destino seguro, dotado de con buenos hospitales y servicios públicos. La respuesta de Cladera era clara: "Es así, la sanidad y la seguridad pueden considerarse servicios turísticos, pero desde el Govern se quiso que el impuesto estuviera enfocado a la mejora del turismo, también porque es una materia sensible para los empresarios de un sector en el que este impuesto no estaba bien visto".

Decide "toda la sociedad"

Es decir, había que desactivar la oposición empresarial, que a diferencia del anterior impuesto, no está siendo monolítica. De hecho, los hoteleros se han quedado prácticamente solos en su enfrentamiento constante con el Govern, mientras colectivos como los de salas de fiesta, los restaurantes o el comercio van obteniendo concesiones del Ejecutivo. Preguntada también por esa nula capacidad de decisión que tendrán al final los hoteleros sobre el uso del impuesto y sus 100 millones anuales de recaudación, Cladera era igualmente clara: "No van a tener la decisión mayoritaria, pero sinceramente yo creo que los intereses del turismo afectan a toda la sociedad, con lo que toda la sociedad puede opinar sobre el uso turístico de estos fondos".

Así que los hoteleros cambian definitivamente de rango: de casi redactarle las leyes al Govern Bauzá, a tener voz y voto en una comisión en la que no deciden nada.

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