El Govern convocó ayer "de urgencia" a la prensa para hablar de una reunión que hace cinco años que no se celebra y que se pactó entre el presidente Rajoy y la presidenta Armengol en septiembre. La campaña electoral se acerca. Y en parte en eso justificaron las prisas repentinas los dos consellers que comparecieron, la de Hacienda, Cati Cladera, y el de Presidencia y portavoz, Marc Pons. Según dijeron, el 23 de septiembre el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy le prometió a la balear, Francina Armengol, que una comisión entre los equipos de Hacienda de ambas instituciones plasmaría en letra firmada inversiones millonarias que reclama Balears. El plazo para esa reunión acababa en octubre, pero a cita no se produjo. El Govern insistió y obtuvo un nuevo plazo, el 15 de noviembre. Y tampoco. De ahí la urgencia, dicen: en dos semanas empieza la campaña electoral y aún no ha habido reunión y no se ha firmado nada. Si el compromiso no llega ya, avisaban ayer en el Govern, Balears demandará al Estado por incumplimientos de convenios e inversiones estatutarias valorados en algo más de 400 millones de euros.
"Es un ultimátum", subrayaban desde el Govern, donde ayer sentó especialmente mal que el ministro encargado de la reunión, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, sí haya encontrado tiempo para citarse con el Gobierno de Canarias. Lo hizo ayer mismo, y el encuentro sirvió, según la consellera Cladera, para que el Estado entregue a Canarias 160 millones de euros, mientras niega el mismo trato a los ciudadanos baleares.
De ahí en parte el rebote. De ahí y de la constatación práctica de que, salvo giro imprevisto y urgente en los próximos diez días, las reivindicaciones Balears deberán ser negociadas de nuevo con el siguiente Gobierno, el que salga de las urnas el 20 de diciembre. Con lo que la reunión con Rajoy que tanto le costó conseguir a la presidenta Armengol habría servido para nada, más allá de la foto. Y todo después de cuatro años perdidos, los del Govern del PP de Bauzá, dicen en el Ejecutivo actual, en el que reprochan al PP y a sus representantes electos que en cuatro años no se reunieran ni una sola vez en comisión mixta con el ministro de Hacienda de su mismo partido, para pedirle el dinero que ahora sí logran los canarios.
Demanda judicial
Por todo ello, el Govern ya trabaja en la demanda de las cantidades por vía judicial, confirmó el conseller de Presidencia. Se encarga de ello la Abogacía de la Comunidad, a la que se le acumula el trabajo en el frente abierto contra el Estado. Hace dos semanas el Govern ponía en marcha la maquinaría jurídica para reclamar 63,5 millones de euros pendientes de ejecutar en Platja de Palma. Ahora hace lo propio con otras inversiones estatutarias (obligadas por ley estatal) y con convenios del pasado. Serían 400,5 millones de euros, a sumar a los 63,5 citados de Platja de Palma. Los desglosaba ayer la consellera de Hacienda, Cati Cladera: 243 corresponden a un convenio de carreteras pendiente de ejecución desde hace ya seis años (el anterior Govern presupuestaba el ingreso cada año, pero no llegó a reclamarlo ni en los tribunales ni en comisión mixta, pese a que el dinero nunca llegó), otros 87,5 miellones tienen que ver con inversiones estatutarias que debían ejecutarse antes de final de 2016 pero no se han hecho (para empezar, no llegó el dinero) y otros 70 millones están ligados a partidas varias, de las que el Govern no dio más detalle. Lo harán en próximas fechas, dicen, en cuanto avancen con el trabajo jurídico.
Antes esperan que el Gobierno central reaccione y se avenga a celebrar la reunión de comisión mixta de Hacienda prometida por Rajoy a Armengol. "Estamos ya fuera de plazo y seguimos sin fecha para la reunión, mientras van a Canarias. No pedimos más que lo mismo que los demás, que se celebre la reunión y se materialice en acuerdos concretos", resumía el conseller Pons, que insistía en que llegarán a los tribunales forzados por la inacción del Gobierno del Estado. "Es el paso siguiente. Cuando la política se acaba, nos tocará defender los intereses de los baleares. Lo hemos intentado resolver por los cauces del diálogo institucional, pero si no se hace así, lo defenderemos en otro ámbito, los tribunales", enfatizaba Pons, que insistía en que las prisas no son un capricho fruto de la cercanía electoral, si no una respuesta al hecho de que, después, en campaña, la ley prohibe firmar nada, con lo que el trabajo realizado durante meses se perdería por falta de respuesta del Gobierno Rajoy.
La consellera Cladera culpaba también de ello al PP balear, y al anterior Govern. "Lo que está ocurriendo es una cuestión de actitud del Gobierno de España, que presta poca atención a los territorios, pero también el Govern anterior del PP no reivindicó nada en cuatro años". Ahora el Govern, ya con el PSIB y Més, sí lo hace, aunque de momento el resultado es el mismo.
