El Gobierno central aprobó el pasado 23 de octubre en Consejo de Ministros un real decreto que regula la prescripción enfermera y que impedirá a este colectivo sanitario usar ni indicar fármacos sujetos a la prescripción por parte de un facultativo.
Este hecho impedirá a las enfermeras usar material sanitario -apósitos con compuestos de plata para las úlceras de presión, pomadas con corticoides o antibióticos, por ejemplo- que actualmente utilizan de forma habitual en sus curas si no cuentan con una autorización previa por parte del facultativo.
"Lo mismo pasará con la campaña de vacunación de la gripe o con cualquier vacuna que se le pone a los niños. Hasta ahora, si estabas incluido en los colectivos de riesgo -enfermos crónicos, mayores de 65 años, embarazadas, personal de servicios esenciales-, bastaba con acercarte a tu centro de salud donde la enfermera, tras comprobar en tu historial que eras una de estas personas, procedía a vacunarte. Pues bien, cuando entre en vigor este real decreto no podrá hacerlo bajo la amenaza de incurrir en intrusismo profesional, que es un delito penal", advirtió ayer Jorge Tera, secretario general del sindicato de enfermería (SATSE).
Para Tera, este hecho provocará un auténtico caos asistencial ya que ese paciente tendrá que solicitar cita con su médico para que autorice que se le ponga la vacuna y luego volver a pedir hora con la enfermera para que se la suministre. "Así pasaremos de una a tres consultas para alcanzar el mismo resultado", lamentó el secretario general, que abundó en que esta circunstancia se traducirá en una ralentización de la asistencia y en una sobrecarga de trabajo. "Nos están obligando a una huelga competencial no deseada, forzosa, para evitar incurrir en un delito de intrusismo que sería únicamente responsabilidad de las enfermeras porque las aseguradoras de responsabilidad civil no lo cubrirán", advirtió Tera.
La opinión del sindicato es compartida tanto por el Colegio Oficial de Enfermería de las islas (COIBA) y de la propia conselleria de Salud que ha puesto todo este asunto en manos de sus servicios jurídicos para saber como puede sortear esta nueva imposición llegada desde Madrid, ya bien sea recurriendo el real decreto ante los tribunales, como ya ha anunciado que hará el País Vasco, o mediante una instrucción que permita a las enfermeras seguir actuando como hasta ahora, esto es, prescribiendo fármacos sujetos a protocolos y guías clínicas que sean competencia de su categoría profesional.
Tera señaló entre estos todo tipo de atenciones que hoy en día prestan las enfermeras a pacientes diabéticos, hipertensos, a personas con el colesterol alto o a pacientes en riesgo cardiovascular cuyo seguimiento lo venía haciendo hasta ahora este colectivo.
Opinión diferente mostraba el Colegio Oficial de Médicos de Balears (COMIB). Su presidente, Antoni Bennàssar, en sintonía con la Organización Médica Colegial (OMC, organismo que representa a todos los colegios del país), calificó el real decreto de "justo y garantista para la población ya que evitará prescripciones inadecuadas".
Proyecto muy peligroso
Preguntado por qué tres instituciones -el sindicato y el colegio de enfermería y la propia conselleria de Salud- habían interpretado que la norma recorta las competencias de estas profesionales, Bennàssar señaló que "se trata de su interpretación, yo no creo que impida la prescripción de las enfermeras cuando esté basada en guías y protocolos clínicos. Y la OMC tampoco lo ve así. Había un proyecto sobre la mesa que era muy peligroso ya que permitía a cualquier enfermera que hubiera hecho un curso de 240 horas prescribir casi cualquier fármaco".
Tera precisó que todas las CCAA, en un Consejo Interterritorial, consensuaron el espíritu de este real decreto pero que las presiones de la OMC sobre el ministerio de Sanidad consiguieron modificarlo en el último momento. "Pese a que se aprobó el pasado 23 de octubre todavía no ha sido publicado en el BOE, quizá porque se han dado cuenta del caos asistencial que va a provocar antes de las generales", interpretó.
