Los ayuntamientos de la isla también plantan cara a los hoteleros. Después de años de reformas de establecimientos facilitadas por gobiernos municipales del PP y auspiciadas por la Ley Turística del Govern Bauzá (PP), los nuevos alcaldes (la mayoría de izquierdas) están obligando a las cadenas a rehacer los proyectos de remodelación con los que ganaban tamaño, altura y plazas a cambio de hacer obras y elevar categoría. El objetivo de los ayuntamientos, según cuentan los alcaldes, es que las reformas tengan menos impacto visual y eviten saturar zonas en las que la presión humana llega a ser ya asfixiante en verano.
Así que a los hoteleros se les multiplican los incendios. El cambio político en el Govern ha sido muy radical para ellos: de participar directamente en la redacción de todas las leyes del PP de José Ramón Bauzá, a verse desplazados de la toma de decisiones y "ninguneados" en los despachos del poder autonómico, como se queja su propia presidenta patronal, Inmaculada Benito. En solo cinco meses han pasado financiar desde la Federación Hotelera panfletos electorales de apoyo al PP de Bauzá a quedarse en la misma oposición que el PP al que unieron sus consignas en campaña. Y azotados una y otra vez, tanto por los dardos verbales que suelta en el Parlament Podemos, como por las decisiones políticas contra sus intereses que aprueba el Govern Armengol.
El primer ejemplo es del verano que acaba de terminar, cuando el Govern de PSIB y Més lanzó como iniciativa política de inicio de legislatura un plan de lucha contra la explotación laboral con el punto de mira puesto en los hoteles y sus plantillas de alta temporalidad. Era solo el principio. Después el Govern ha acelerado el nuevo Impuesto de Turismo Sostenible, al que se alude como 'ecotasa' en recuerdo del fallido precedente de 2003, aunque esta vez tiene pinta de que se aprobará antes de mayo y estará vigente muchos años. Y la guerra al hotelero sigue. En la página 6 de esta misma edición pueden leer en qué concentrará el Govern a sus inspectores turísticos la próxima temporada: en los hoteles de todo incluido y los clubes de playa con los que algunos hoteleros hacen la competencia a los hosteleros y empresarios de salas de fiesta. El Govern Armengol planta así cara en todos los frentes a los empresarios que más poder y capacidad de influencia llegaron a ejercer.
Los hoteleros tienen prisa
Y no es solo el Govern Armengol. El último golpe llega de la mano de ayuntamientos y consells insulares, que en la mayoría de casos también han cambiado de color y no asumen la Ley Turística con la que el Govern Bauzá disparó las inversiones hoteleras en las islas. Les concedió para seducirlos la posibilidad de aumentar plantas y plazas cuando reformasen hoteles y los elevasen de categoría. El argumento utilizado ahora por los alcaldes de izquierdas es que la legislación Bauzá invade competencias municipales clave, como es el caso del urbanismo, con lo que ellos deben decidir sobre cada reforma. Ahí empieza el conflicto, que se junta con la prisa que tienen los propios hoteleros por sacar adelante sus proyectos. ¿Razón? Aunque en público la Federación Hotelera dice que la nueva ecotasa frenará en seco las inversiones, la versión que cuentan los empresarios es que hay que correr lo más deprisa posible para ejecutar las obras antes de que el nuevo Govern meta mano a la Ley Turística de Bauzá, como ha prometido.
"Algunos queremos invertir, y queremos hacerlo cuanto antes, pero nos están poniendo las cosas muy difíciles", explica el líder de una de las grandes cadenas, al que más tarde respaldan, con afirmaciones similares, ejecutivos de máximo nivel de cadenas de referencia en las islas. Unos y otros revelan que se encuentran con que presentan los proyectos de reforma (y ampliación de plazas, que eso lo permite la ley de Bauzá en las subidas de categoría), y el ayuntamiento de turno se los rechaza por no ajustarse a su urbanismo, y porque en algunos casos supone regularizar ilegalidades previas y encima añadirles plantas.
"La cuestión es que los ayuntamientos no pueden hacerlo, la Ley Turística es legislación autonómica, de rango superior a la municipal, aunque eso les da igual", replica un hotelero con inversiones en Llucmajor, Alcúdia y Calviá, al que a su vez responden desde el poder municipal: "Es legislación autonómica pero invade competencias municipales", insiste por ejemplo el socialista Alfredo Rodríguez, alcalde de Calviá, uno de los municipios a los que los hoteleros acusan de bloquear inversiones de casi todas las cadenas.
Con lo que la situación desemboca directamente en un contencioso legal. Problema: los hoteleros no tienen tiempo para aguardar a la resolución de un conflicto que podría tener sentencia judicial cuando la Ley Turística de Bauzá sea ya papel mojado (si el nuevo Govern la reforma, como dice que hará). Perderían así la opción de hacer unas reformas que les reportan grandes beneficios: con ellas consiguen hoteles más grandes, de mayor valor, y con tarifas que suben hasta un 30% con el cambio de categoría.
Por lo que, por mucho que digan lo contrario para menoscabar la ecotasa, los empresarios tienen mucha prisa por invertir en reformas. Y negocian con los ayuntamientos, que se saben con la sartén por el mango. Aunque se declaran conciliadores. Es el caso del propio alcalde de Calviá, que explica que es cierto que han dado marcha atrás a proyectos para que se modificasen, "pero en todos los casos ha habido acuerdo y han seguido adelante". Y han sido 50 proyectos solo en la costa de Calviá, de los 200 que se van a hacer este invierno en Mallorca, que alcanza una cifra de reformas récord.
¿Semillero de corrupción?
¿Cómo se logran los acuerdos? Pues según el alcalde, ellos tratan de limitar el impacto visual de los nuevos proyectos, derivado del derecho que concede la ley de Bauzá a elevar alturas cuando se reforman para elevar categoría. "Donde vemos que el impacto es muy grande, buscamos soluciones que, con un volumen similar, no sean tan agresivas", atempera Rodríguez, que reconoce que ese criterio puede parecer poco objetivo, y dejar la decisión al albur del capricho político, pero afirma que se hace siempre de acuerdo con el hotelero de turno.
Y eso tampoco convence a los empresarios, que insisten en que acaban siendo reos de la afinidad con cada alcalde o cada concejal de turismo o urbanismo para sacar su proyecto adelante, con la tentación que eso supone en unas islas ya bastante azotadas por la corrupción. También lamentan los hoteleros los retrasos de los proyectos. Esto a su vez repercuten en los constructores, que se quejan: a ellos no les varía la fecha de entrega de la obra. Aunque se demore la aprobación del proyecto, el hotel debe abrir en primavera, y por el camino cumplir con la normativa laboral y de seguridad, sabiendo además que el conflicto entre hoteleros y Govern hace que los inspectores estén más encima de las obras que nunca.
Por todo ello los hoteleros empiezan a preguntarse si compensa la batalla que han abierto desde la Federación Hotelera contra el Govern a cuenta de una ecotasa que puede salirles más cara de lo que cuesta el impuesto. Eso sí, se quejan de la estrategia patronal, muñida por algunos de los más empresarios más poderosos, solo en privado. De momento.
