La nueva Ley de Enjuiciamiento criminal empezará a aplicarse a partir del próximo 5 de diciembre y antes de que ello se produzca los jueces y fiscales tendrán que revisar más de mil causas que están pendientes. Solo en los juzgados de Palma se teme que el número de asuntos por revisar supere el millar, aunque el número incluso podría ser superior.
Entre los grandes cambios que contempla esta ley está la limitación del periodo de instrucción. Una causa, salvo excepciones, no puede instruirse durante más de seis meses. Durante este tiempo la acusación, en especial el fiscal, deberá solicitar las pruebas que considere necesarias. La norma contempla la posibilidad de prolongar este periodo hasta los 18 meses, sobre todo las investigaciones complejas como pueden ser los casos de corrupción. Esta propuesta de ampliación no la puede decretar el juez de oficio, sino que debe ser solicitada por la fiscalía. El juez puede denegar la prórroga (en este caso no cabe recurso), pero si lo acepta, debe fundamentar su decisión.
Los fiscales de Balears han analizado estos nuevos cambios y se han sumado a la posición en contra de la aplicación inmediata de esta ley que adoptó el Consejo Fiscal, que pedía un periodo de moratoria. El Gobierno, sin embargo, se ha mostrado firme sobre esta cuestión y no ha aceptado un aplazamiento. Por tanto, definitivamente la ley va entrar en vigor a principios del próximo mes de diciembre, a pocos días de las elecciones.
La nueva norma procesal incluye muchos más cambios, pero uno de los más importantes es esta limitación temporal de las causas. A partir de ahora los jueces tendrán que trabajar mirando permanentemente el calendario. Todos los operadores jurídicos coinciden en que es suficiente un periodo de seis meses para un caso sencillo, donde tanto el delito como el autor están claros desde el primer momento. Pero no ocurre lo mismo con las causas más complejas, no únicamente de corrupción, sino sobre todo en las investigaciones que se necesita el auxilio de informes policiales o de peritajes. Se teme que va a ser habitual que un fiscal tenga que calificar un caso sin haber recibido el resultado de una determinada prueba. Por poner un ejemplo, un peritaje sobre el valor de un objeto robado suele tardar una media de un año, debido a la carga de trabajo que padece este personal auxiliar. Por tanto, es complicado que ahora en seis meses se puedan elaborar estos informes a tiempo. Este nuevo escenario lo que provocara, según temen los fiscales, es que se produzcan más casos de impunidad o de acusación temeraria. Impunidad porque el fiscal no tendrá el tiempo material de reunir las suficientes pruebas en este periodo de seis meses. Y acusación temeraria, porque pueden producirse casos en los que el fiscal lleve a juicio a una persona sin estar completamente seguro de que es el autor de un delito, porque no dispondrá de pruebas para demostrarlo.
Este periodo de seis meses empezará a contar a partir del 5 de diciembre. El fiscal jefe de Balears se ha dirigido por escrito a los juzgados pidiendo un listado de causas para conocer el estado de su tramitación. Hasta ahora la cuestión del calendario nunca había preocupado excesivamente a jueces y fiscales, pero esta nueva norma obliga a cambiar de forma de trabajar. Muchos operarios jurídicos de Balears afirman que esta ley va a fracasar, salvo que se aporten más medios a los juzgados y no parece que vaya a ser así. Aunque el ministro ha prometido que se destinarán nuevos apoyos, temen que el Ejecutivo no va a cumplir su palabra.
