Todos los operadores jurídicos coinciden en que esta nueva ley procesal conllevará un nuevo sistema de trabajo en los juzgados, que empezará a aplicarse en el propio juzgado de guardia. Cada juzgado de Palma tramita una media anual de unas 5.000 casos. La mayoría de ellos son por delitos leves o incluso infracciones sin autor. Pero todas estas denuncias conllevan la correspondiente tramitación administrativa y lo que provoca es que se vayan acumulando en el juzgado y retrase el desarrollo de casos muchos más graves e importantes.
Sin embargo, con esta nueva ley se pretende que esta situación se transforme y que este cambio se aplique desde el juzgado de guardia. El secretario, con la aprobación del fiscal, tendrá la capacidad de rechazar las denuncias que considere y también desde el juzgado de guardia se apostará por consensuar sentencias de conformidad con el acusado, cuando los hechos sean claros. Si este sistema funciona se calcula que en la propia oficina se podrán resolver alrededor del 70% de los asuntos que se presentan en el juzgado de guardia y lógicamente el juez únicamente tendrá que atender el 30% restante, que en definitiva serán los casos más importantes, que merecen un mayor estudio y dedicación. Fuentes judiciales señalaron que el tema del calendario es relativamente importante, porque la ley da la posibilidad de ampliar los plazos cuando el juez lo considere necesario.
Otro problema a resolver son las causas eternas que aún se arrastran por los juzgados. Los jueces, teóricamente, tendrán únicamente un periodo de seis meses para terminar su instrucción. Por ejemplo, todas las piezas del caso Palma Arena, que se instruyen desde hace más de seis años, deberían estar resueltas y a punto de ser llevadas a juicio en un periodo de seis meses. Cabe recodar que hay sumarios que hace años que no se practica ni una sola diligencia, debido a que el juez ha debido dedicar un mayor esfuerzo a otros casos mucho más trascendentes.
