Educación pagará directamente al profesorado que haga sustituciones en colegios concertados, con lo que estos centros ya no tendrán que adelantar ese dinero. Este cambio en el sistema de pago de las sustituciones entrará en vigor el próximo enero y evitará que se acumulen las deudas de la Administración a los centros. A día de hoy, Educación adeuda 1,3 millones a estos colegios por pagos referentes a los cursos 2013-2014 y 2014-2015. El plan de la Conselleria es zanjar esta deuda antes de que finalice el primer trimestre de 2016.

Este modificación fue uno de los temas que se trató en la primera mesa sectorial de enseñanza concertada de esta legislatura, que presidió el conseller March y a la que asistieron los representantes sindicales y patronales.

Desde Escola Catòlica, Marc González aplaudió este cambio y valoró "la voluntad" y el conocimiento sobre la materia que percibe por parte del equipo de Educación, aunque precisó que existen discrepancias en varios puntos de la primera propuesta de acuerdo global -similar al firmado con la pública- que les han hecho llegar.

Indicó que de momento el documento es todavía muy ambiguo, aunque ya hay puntos que sí tienen claro que rechazan, como el que se refiere el carácter propio de cada centro. Eso, para González es innegociable, como también lo es la extensión a los alumnos de concertada de las ayudas del fondo social de emergencia puesto en marcha por este Govern.

Incremento presupuestario

La Conselleria resaltó ayer que en los presupuestos para 2016 ha aumentado en 12,5 millones de euros de la partida para concertada, pero varios de los presentes ayer en la mesa recordaron que ése dinero no irá a mejoras nuevas, sino a pagar parte de los retrasos acumulados por el anterior equipo. Actualmente sobre la mesa hay varios temas pendientes de pago, como la devolución de la paga extra o la reactivación del acuerdo firmado en 2008 para equiparar el sueldo del profesorado de concertada con los interinos de pública.

Para Ismael Alonso, representante de USO, el documento de acuerdo es "muy difuso" y la propuesta de Educación de alargar el cumplimiento de lo pactado en 2008 hasta 2020 se prolonga demasiado en el tiempo "cuando ni siquiera supone una equiparación al 100%". Indicó que su sindicato defiende tratar todos los temas "en profudidad y sin prisa", de forma independiente a la negociación con el sector público -"No somos el hermano pobre, sino un sector diferente"- y cerrar así "un buen acuerdo". Fue de los que lamentó que el incremento presupuestario para concertada se irá únicamente en pagar atrasos.

Desde FSIE, Antoni Sacarés rechazó que Educación plantee usar el acuerdo de 2008 como "moneda de cambio" respecto al pago en 2016 del 50% que queda pendiente de la paga extra de 2012, en plan u os pagamos una cosa o la otra: "No queremos que se tape un agujero con otro".

Reducción carga lectiva

Sacarés sí valoró que March y el director general de Planificación, Antoni Morante, se mostraron dispuestos a reducir la carga lectiva al profesorado de concertada, que realiza 24 horas de clase a la semana para tener una jornada completa frente a las 20 que hacen los docentes de pública.

Paulí Aguiló del STEI-i también valoró que Educación acepte bajar la carga lectiva de los profesores de la red concertada, pero lamentó que la propuesta para poner en marcha el acuerdo de equiparación de 2008 (suspendido desde 2010) es demasiado "abierta e inconcreta". Desde CCOO, Manuel Sirvent abogó por reactivar el acuerdo en 2016 y dejarlo consolidado antes de que acabe la legislatura.

Antoni Morante aseguró que la voluntad de Educación es cumplir a ese acuerdo "dentro de las posibilidades presupuestarias", así como negociar "otras posibles mejoras". Respecto a las quejas sobre el hecho de que el incremento presupuestario se irá a pagar atrasos y no supondrá ningún avance, quiso recordar que durante la anterior legislatura "no se dio respuesta" a esas deudas y que ellos prevén actuaciones ya desde 2016. El director general insistió en que la idea de la Conselleria es ir dando pasos para lograr un tratamiento similar para el profesorado de pública y concertada.