Es imprescindible modificar los objetivos de la Inspección de Trabajo en Balears para el próximo año, y pasar a dar prioridad a aspectos como los excesos de jornada, las horas extras ilegales, la contratación a tiempo parcial en fraude y los efectos que este tipo de sobrecargas tienen sobre la salud, al considerar que son un factor clave a la hora de explicar por qué Balears es la comunidad autónoma con la tasa más alta de accidentes laborales, según se esgrime desde la conselleria de Trabajo. Precisamente por ello, este departamento está negociando en estos momentos con el ministerio de Empleo y con la Jefatura Provincial de la Inspección, dependiente de este ultimo, cambios en los controles que se van a realizar a lo largo del próximo año en las empresas.
"Sin lugar a dudas, los excesos de jornada y las sobrecargas suponen el mayor problema existente en estos momentos en los centros de trabajo", según coinciden en señalar los secretarios generales de las federaciones vinculadas a la hotelería, la restauración y el comercio de UGT y CCOO en las islas, Antonio Copete y Ginés Díaz respectivamente. Y la orientación que el Govern balear pretende dar a los controles de la Inspección laboral a lo largo de 2016 van en ese sentido. Se quiere mantener la vigilancia sobre la economía sumergida (personas que no son dadas de alta en la Seguridad Social), pero la prioridad pasa a ser reforzar las inspecciones vinculadas con la realización de horas extras ilegales, excesos de jornada, y contratación a tiempo parcial en fraude (con la ejecución de más horas de las acordadas), a lo que hay que sumar la citada vinculación en materia de salud laboral.
Además, se está planteando un aumento en el porcentaje de inspecciones que son decididas por la Conselleria frente a las que marca el Ministerio, una reclamación compartida por los sindicatos. Si durante el último año la proporción ha sido de un 30% para la primera y un 70% para el segundo, según las estimaciones de CCOO, la reivindicación es que se alcance un equilibrio del 50% entre ambas Administraciones. Por último, se pone sobre la mesa la exigencia de que se refuerce el personal que la plantilla de la Inspección dispone en el archipiélago.
Desde el Govern se apunta no solo que esa negociación está en marcha, sino que se admite que además está siendo fluida y positiva, y se valora el apoyo que de momento se está obteniendo desde el Ministerio y la Jefatura Provincial en campañas como la que se llevó a cabo durante el verano para luchar contra la explotación laboral.
Hay que tener en cuenta que este mes está prevista una reunión de la comisión en la que participan representantes del cuerpo inspector, de la Conselleria, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, en las que se debe de abordar ya el diseño de los objetivos para los controles que se realizarán a lo largo del próximo ejercicio, dado que este grupo realiza encuentros de carácter semestral durante los meses de mayo y noviembre.
Objetivos compartidos
Todos los citados objetivos son compartidos por la secretaria de Empleo de CCOO, Silvia Montejano, y por el responsable de Salud Laboral de UGT, Francisco Mulet, que reclaman tanto el refuerzo de la plantilla de inspección como la prolongación de algunas de sus campañas.
Montejano señala que a los sindicatos se les asegura de que el equipo de funcionarios de la inspección laboral de Balears está ajustado y es la adecuado para hacer frente al trabajo asignado, pero la representante de CCOO insiste en que este personal es claramente insuficiente para hacer frente al enorme crecimiento que se produce en la contratación durante la temporada turística y para vigilar que se respeta la legalidad en todos los centros de trabajo. Igualmente, subraya que los casos más flagrantes de explotación laboral se producen precisamente durante la etapa estival.
Pero además, recuerda que la entrada de un nuevo Govern y el diseño de las nuevas medidas hizo que este año la campaña extraordinaria de lucha contra este tipo de situaciones se iniciara en agosto, y en su opinión en 2016 ésta no solo debería de repetirse, sino también comenzar mucho antes. Como ejemplo, recordó el enorme problema que las sobrecargas de trabajo suponen para colectivos como las camareras de piso de los hoteles.
Francisco Mulet hace un análisis muy similar: el volumen de turistas que este año ha llegado a las islas ha crecido a un ritmo muy superior al que lo han hecho las plantillas de los hoteles, lo que ha dado pie a las citadas sobrecargas de trabajo y a la elevada tasa de siniestros laborales leves que se registra en el archipiélago.
Por ello coincide con Silvia Montejano a la hora de reclamar que los controles sobre los casos de explotación laboral no se limiten a un mes y medio al año, sino que deberían prolongarse en el tiempo y con un mayor número de miembros de la Inspección en activo.
Mulet pone el ejemplo de la proliferación de contratos de menos de siete días que se ha registrado durante este verano, y que en su opinión se explican porque se ha llegado al extremo de evitar tener que pagarlos días de descanso semanal a los empleados afectados por estas prácticas.
Antonio Copete y Ginés Díaz señalan que si las empresas turísticas hubieran contratado al personal realmente necesario para hacer frente al trabajo que se desarrolla durante la temporada estival se hubieran creado entre 15.000 y 20.000 empleos más, y lamentan que la solución empleada por muchas empresas haya sido la de exigir a sus trabajadores la realización de horas extras en negro y renunciara días de libranza.
El representante de CCOO no oculta que hay asalariados que se prestan a estas prácticas para así elevar sus retribuciones, ante la perspectiva de encontrarse inactivos durante el invierno, pero insiste en que estas situaciones no son defendibles por cuanto suponen evitar el acceso a un puesto de trabajo a otras personas.
Los dos dirigentes sindicales vinculados a la hostelería consideran que los controles que se han hecho durante este año contra la explotación laboral durante mes y medio deberían prolongarse en 2016 durante un mínimo de cinco o seis meses.
Según Copete, el problema radica en que en cuanto se comunica que la campaña de vigilancia ha llegado a su fin, los empresarios que apuestan por esa sobrecarga de trabajo recuperan estas prácticas "porque piensan que ya no les va a tocar", de ahí que el responsable de UGT defienda que el control debe de ser permanente y reiterativo, "para que noten en el cogote el aliento de las inspecciones".
Cambio de objetivos
El hecho de que el Govern hable de negociar con Madrid un "cambio de objetivos" en la actuación de la inspección es compartido por las organizaciones sindicales, desde las que se ha venido cuestionando las líneas de actuación fijadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ginés Díaz lamenta que durante los últimos ejercicios desde el ministerio de Empleo se haya marcado como una de sus principales metas la persecución de las personas que cobran una prestación de desempleo y que con carácter puntual refuerzan las plantillas de negocios de restauración durante los fines de semana para así obtener una mejoría en sus ingresos, algo que en el sector se conoce como las BBC, es decir, Bodas, Bautizos y Comuniones.
Aunque el representante de CCOO no oculta que estos comportamientos son cuestionables por enmarcarse en la economía sumergida, insiste en que distan mucho de ser el principal problema en materia de fraude a la Seguridad Social, y defiende que es mucho más grave la prolongación de las jornadas de trabajo de forma sistemática, con unas horas que en muchos casos ni siquiera se pagan al trabajador y que obviamente no son declaradas a la citada Seguridad Social, además de conllevar problemas de deterioro físico y de siniestralidad laboral para los asalariados que las padecen.
