El catedrático de Derecho Constitucional de la UIB e integrante del Consell Consultiu de Balears, Joan Oliver Araujo, afirmó ayer, en su declaración como testigo ante el juez Castro, que el Govern de Jaume Matas utilizó a esta institución jurídica como "pantalla para poder echar humo sobre este asunto turbio" y para "acumular papeles, firmas y sellos". El jurista fue uno de los dos integrantes del Consell Consultiu que se opuso a que la institución se pronunciara, ante la propuesta del Govern de Jaume Matas, sobre las ofertas para construir el hospital público de Mallorca. Se opuso porque entendió, al igual que su compañera Carmen Fernández, que el Consultiu se debía pronunciar sobre decisiones ya adoptadas por el Govern, no sobre un estudio de valoración, realizado por una empresa privada, de las diferentes ofertas que se habían presentado para construir el hospital. Por ello, calificó de "bastante raro", que el Govern de Matas se dirigiera al Consultiu para resolver esta polémica, cuando la mesa de contratación no quería pronunciarse sobre ninguno de los dos proyectos mejor valorados.

Al igual que declaró el jueves Carmen Fernández, al catedrático también le pareció extraño que este dictamen lo asumiera el entonces presidente del Consell Consultiu, el letrado Miquel Coll (ya fallecido). Confirmó que, en efecto, el presidente legalmente podía atribuirse un caso cuando lo considerara oportuno, pero lo extraño fue que lo hiciera cuando el dictamen ya se le había asignado a otra integrante del Consell Consultiu. "En los 22 años de historia de la institución era la primera y única vez que se ha producido un hecho así", aclaró.

En su declaración, Oliver Araujo recordó que esta institución está formada por expertos en derecho, pero que el president Matas acudió al Consultiu para que se pronunciara sobre una cuestión que no era jurídica, sino que era técnica. Se trataba de valorar el estudio que había realizado una empresa externa, Global PM, a través de un contrato directo, en el que se establecían parámetros técnicos y económicos, no jurídicos. Esta empresa se decantó a favor de la oferta que encabezaba la empresa OHL, aunque finalmente el Govern otorgara el proyecto a la otra competidora. "El Consell Consultiu no podía sustituir a la mesa de contratación, que no quería pronunciarse". Oliver explicó que, al no ser el ponente, leyó la documentación "solo por encima", pero recordó que el Govern pretendía que el Consultiu se pronunciara sobre más de 3.600 documentos, que trataban sobre todo de cuestiones técnica, ajenas a los expertos en derecho. "Yo no me imagino al Consejo de Estado, que sería el equivalente al Consell Consultiu, que se pronuncie sobre concursos públicos, sobre todo cuando todavía no se han resuelto", señaló el jurista. Y recordó que el Consell Consultiu "siempre tiene la última palabra", por lo que solo puede manifestarse sobre decisiones ya adoptadas, y en este caso todavía no se había elegido el nombre de la empresa que iba a construir el hospital .

El catedrático relató al juez, que más que el fondo del dictamen que firmó el jurista Miquel Coll, que solo contó con los votos a favor de cuatro de los siete vocales del Consultiu, lo que le pareció extraño fue el contenido del encargo que le planteó el Govern de Jaume Matas. Oliver reconoció sus discrepancias con Coll, con el que disputó la presidencia de la institución, aunque reconoció su capacidad jurídica, sobre todo como experto en cuestiones administrativas. Ante la pregunta de si creía que Miguel Coll se habría dejado influir de alguna manera por Jaume Matas, el vocal del Consultiu afirmó a la prensa que "no hay nadie que no sea tocable, todo tiene un precio". Sin embargo, recordó que el dictamen de Coll "se lavaba las manos", ya que solo aconsejaba que se pidiera opinión a los colegios de economistas e ingenieros.