El Consell de Govern ha aprobado hoy que los servicios de la comunidad autónoma interpongan un recurso administrativo contra el Estado con el fin de recurrir la decisión de no prorrogar los 63 millones de euros de inversiones estatutarias pendientes de llegar.

El vicepresidente del ejecutivo balear, Biel Barceló, ha informado hoy en rueda de prensa tras el Consell de Govern, de este acuerdo, y ha aclarado que también se mantiene "abierta la vía política" para negociar las inversiones.

La decisión del Govern se toma después de que el Gobierno haya dicho que Baleares perderá los 63 millones de euros pendientes de llegar de inversiones estatutarias, que se preveían destinar a desarrollo turístico, en especial a la reconversión de la Playa de Palma, porque no se han justificado y el plazo para ello expiró en agosto de este año.

El Govern ha pedido al Estado más tiempo para poder ejecutar las obras, ya que para su justificación tiene hasta el 14 de agosto de 2016, pero el Gobierno ha rechazado dar más tiempo, por lo que Baleares ha decidido recurrir a la vía legal cuanto antes.

"El Govern quiere defender los intereses de los ciudadanos y estas inversiones, que son tan importantes para la remodelación de la Playa de Palma, pero a la vez también queremos mantener la vía política abierta" ha señalado Barceló.

El conseller ha recordado que aún está pendiente la comisión bilateral mixta entre Baleares y el Gobierno, como prometió el presidente Mariano Rajoy a la mandataria de las islas, Francina Armengol.

Según el vicepresidente, el Gobierno plantea esta negación como si se tratasen de subvenciones, por lo que Baleares recurre a la vía judicial para decir al Ejecutivo que "hay un convenio para ejecutar unas inversiones que marca el Estatuto de Autonomía y que el Estado tiene la obligación anualmente de hacer estas inversiones", que se cuantifican en unos 200 millones de euros por año.

Y si no se pueden realizar, esto no exime al Gobierno de sus obligaciones, ha aclarado Barceló.

El conseller de Turismo ha detallado que en total se trata de 83 millones de euros, de los cuales 20 llegaron en su día, 5 han sido justificados y quedan por justificar otros 15 millones, mientras hay otros 63 pendientes de llegar.

Ha señalado que según se ha estudiado, podrían justificarse unos 2 millones de euros más, pero si no se hace y el Gobierno no cede en dar más tiempo para ello, el ejecutivo balear se podría encontrar con "el problema de tener que devolver la mitad de los 15 millones de euros".

"Pedimos una prórroga para tener más tiempo para ejecutar las obras", ha incidido Barceló, quien ha criticado que el Govern anterior del PP no hizo nada en este sentido durante cuatro años, en los que se dedicó a hacer estudios sobre la situación de la Playa de Palma.

Barceló ha explicado que esos 63 millones de euros pendientes de llegar se prevén destinar a proyectos que han sido modificados y adaptados para la Playa de Palma por parte de los ayuntamientos de Palma, Llucmajor, el Consell de Mallorca, el Govern, y la asociación de hoteleros de la zona.

Muchas de ellas responden a las necesidades de remodelación en cuanto a eficiencia energética y mejoras de las infraestructuras que comienzan a estar obsoletas, ha indicado.

Finalmente, Barceló ha señalado que la Conselleria de Turismo viene insistiendo en la necesidad de firmar un nuevo convenio en cuanto a inversiones estatutarias que afectan al turismo y en concreto a la Playa de Palma.