El Consell Consultiu no respetó la orden de reparto para elaborar el informe sobre el hospital de Son Espases, que se realizó a petición del Govern de Jaume Matas. El asunto, por turno reglamentario, le correspondía resolverlo a la jurista Carmen Fernández. Sin embargo, no lo hizo ella. El asunto lo asumió el entonces presidente de este órgano consultivo, el abogado menorquín Miquel Coll (ya fallecido), que le reclamó a Fernández el expediente y elaboró un informe ratificando la legalidad de la tramitación administrativa. Fernández declaró ayer como testigo ante el juez Castro y le explicó esta situación, detallando que Coll le reclamó el expediente justo al día siguiente de haberlo recibido. Aclaró que el presidente tenía la atribución de reclamar un asunto aunque no le correspondiera por turno, pero era la única ocasión que ella recordaba que se actuó de esta forma. Fernández y el jurista Oliver Araujo fueron los dos únicos vocales que emitieron un voto particular discrepando de la mayoría del Consell Consultiu, que aconsejaba al Govern que antes de decidir la contratación se solicitaran informes al colegio de economistas y al de ingenieros. La jurista explicó al juez que le pareció extraño el procedimiento que se siguió para responder a la propuesta del Govern y recordó que ella entendía que el órgano consultivo no se podía pronunciar sobre un expediente que todavía no se había resuelto, ya que aún no se había decidido el nombre de la empresa constructora.

También el juez tomó ayer declaración como testigo al exdirector general de Salud, José Corcoll, al abogado Alfredo Rubén Fernández y al exjefe de la asesoría jurídica del Govern, Pere Aguiló Monjo. Hoy continuará la ronda de declaraciones.