El pleno del Parlament aprobó ayer por unanimidad instar al Govern a "impulsar una ley que regule una renta social como derecho subjetivo y que incluya los diferentes perfiles que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica". Se trataba de un punto de una moción del PP, que aceptó añadir a su propuesta una enmienda de Més, lo que permitió que también se aprobara por unanimidad instar al Ejecutivo balear a que la ley que regule la renta social "contemple que las administraciones que la gestionen ofrecerán" a los que la reciban "un apoyo" social o laboral en coordinación con las administraciones competentes.
El otro punto de la propuesta popular, que pedía que la futura ley contemplara que la renta social fuera gestionada por los consells y, en casos excepcionales, por los ayuntamientos que tuvieran estructura para hacerlo, fue rechazada con los votos del PSOE, Més, Podemos y El Pi. La popular Sandra Fernández defendió que con este punto se permitiría no duplicar estructuras y "dar mayor simplicidad al sistema administrativo". Sin embargo, los partidos del Pacto consideraron que es más eficiente centralizar en un solo servicio este asunto y que, además, clos consells y ayuntamientos no se pueden "cargar más", en palabras de Margalida Capellà, de Més.
Por otro lado, la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, afirmó que el Govern no tiene previsto modificar la legislación para implantar la custodia compartida en casos de separación o divorcio en Balears. "No es prioritario para el Govern", contestó Santiago a Josep Melià, de El Pi, quien le preguntó por este asunto.
