El PP nacional ha respondido al juez instructor del caso Son Espases, José Castro, que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma de su sede central, situada en la calle Génova de Madrid.

El documento, rubricado por el director de la asesoría jurídica del partido, acompaña a las facturas aportadas por la formación a petición de Castro, quien requirió a la presidencia nacional del PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular, así como su posible conexión con la adjudicación del hospital Son Espases.

Se trata de unas facturas que ascienden a un total de 237.000 euros por conceptos como la instalación de la iluminación en el salón de actos de la sede, el tratamiento acústico en el techo de la sala de prensa y la instalación del sistema de antenas, entre otros trabajos.

En su escrito, el PP explica que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio. Fue tras la compra cuando, prosigue, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación del partido a través de cajas 'B' entre 1990 y 2008.

Precisamente, Castro ha incorporado a la causa el auto con el que el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo de los acusados al PP como responsable civil subsidiario a raíz de las anteriores pesquisas. En concreto, la resolución judicial ha sido entregada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Esta nueva línea de investigación fue abierta en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los trabajos del hospital de referencia de Balears, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL. También el juez indaga la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la reforma de su sede.