Carpetazo judicial al caso Trenes. La juez Ana San José ha decretado el archivo tras concluir que no hubo tráfico de influencias, prevaricación ni malversación de caudales en la adquisición en 2008 de 16 vagones eléctricos por parte del Govern del segundo Pacto de Progreso.
La magistrada tumba la denuncia del Ejecutivo de José Ramón Bauzá y exculpa por completo al exconseller Biel Vicens y al ex director general Antoni Verger, ambos de Més, y al exgerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), el socialista Jaume Jaume, de haber concertado un fraude de 60 millones de euros por la compra de los trenes sin un concurso público. "El procedimiento estuvo amparado en los correspondientes informes jurídico y técnico, a lo que se ha de añadir que además no consta que se causara perjuicio económico alguno" al Govern, asevera la juez.
"Queda demostrado que la denuncia del PP no tenía ningún fundamento, era falsa y solo pretendía atacar y desprestigiar a sus adversarios políticos. Quisieron convertir una adquisición de trenes ordinaria en un caso de corrupción", señaló ayer Verger. "¿Alguien va a retractarse ahora? ¿alguien pedirá perdón?", se preguntó.
Él ha sido el más perjudicado por este caso, ya que le ha frustrado de ser alcalde de Palma, en primer término, y posteriormente conseller de Medio Ambiente y Agricultura. El titular de la cartera, Vicenç Vidal, acudió ayer a respaldar a sus dos compañeros de siglas. Verger se desquitará en parte hoy mismo, cuando será elegido para encabezar la lista de Més en las elecciones generales.
El caso Trenes se originó cuando el exgerente de SFM con el anterior Govern del PP, José Ramón Orta, denunció a Verger y Vicens acusándoles de haber propiciado un sobrecoste de 60 millones de euros en la adquisición de los citados vagones a la empresa CAF, esgrimiendo dependencia técnica y vetando la concurrencia de otras empresas ferroviarias.
Denuncia de Orta (PP)
La Fiscalía Anticorrupción dio credibilidad a la denuncia de Orta e interpuso una querella contra los citados ex altos cargos del Pacto y otros. El grueso de la acusación se basaba en un informe de Miguel Ángel Sagrera, también director técnico de SFM, quien cuestionó todo el proceso seguido y denunciaba el desfase.
En el auto de archivo, la juez recalca la "absoluta contradicción" exhibida por este ingeniero, que en su declaración judicial del 28 de octubre de 2014 se desdijo de su propio dictamen en el que atribuía las actuaciones delictivas a la antigua cúpula de Transportes del Pacto. Sagrera concluyó ante la magistrada que si bien el sistema elegido para la compra "podría significar un mayor coste inicial para la Administración, con el paso del tiempo se ha comprobado que no ha resultado perjudicial".
Ante el cambio radical de versión del técnico, la fiscal Ana Lamas suspendió la declaración de Vicens y Verger como imputados y solicitó el sobreseimiento provisional de la causa, acordado ahora por la juez.
"Orta era consciente de que la denuncia no tenía recorrido. Él mismo me lo dijo delante de testigos el 4 de junio de 2014, a las diez de la mañana", censuró ayer Verger la actitud del exgerente de SFM con el PP. "Alguna cosa falla en el sistema si una pura maquinación provoca que personas totalmente inocentes tengamos que vernos obligados a declarar ante un juez", reflexionó en voz alta.
El político de Més explica que su letrada estudia ahora la viabilidad de emprender acciones legales contra los populares por su "denuncia falsa". Si hay visos de prosperar, "lo haríamos", anunció Verger, que acusa directamente al expresidente Bauzá y al exvicepresidente Antonio Gómez de haber urdido "la trama, utilizando recursos públicos de la Abogacía de la Comunidad. Orta solo obedecía instrucciones", remachó.
"El PP solo busca meter en el mismo saco a otros partidos", aludió a los casos de corrupción el exconseller Vicens. También reprochó "la labor de obstrucción a la Justicia" de Orta, que tuvo que ser advertido de desobediencia por su demora en entregar al juzgado la documentación requerida.
