Un agricultor y la antigua propietaria de una finca rústica de Inca se confesaron ayer ante un juez culpables de un delito de estafa, tras intentar boicotear y obtener un mayor beneficio personal a través de la venta de esta propiedad. Los acusados Gabriel Morell y Francisca Perelló fueron sentenciados a un año de cárcel, aunque esta pena será sustituida por una multa. Además, solidariamente, tendrán que indemnizar al perjudicado con casi 400.000 euros. El juicio no llegó a celebrarse tras el acuerdo entre la acusación, representada por el abogado Jaime Campaner, y la defensa.

Los hechos se remontan al año 2009. El propietario de la corporación Rosselló Castell se interesó por la compra de la finca sa Vinya Vella de Son Vivot, en Inca, por un precio de 1.227.024 euros, propiedad de la acusada. Ambas partes acordaron que la finca se entregaría libre de cargas, tal como quedó estipulado en la escritura de compra.

Días después de la compra el empresario Cristóbal Rosselló recibió una llamada del otro acusado, Gabriel Morell. Le dijo que era agricultor y que tenía un contrato de alquiler sobre esta propiedad. Le propuso que le pagara una elevada compensación económica para marcharse. Según declarará probado la sentencia, el acusado aportó un contrato falso. Aunque es cierto que en el año 2008 había suscrito un contrato de alquiler, el acuerdo era solo de dos años. Sin embargo, el segundo contrato, que se firmó antes de cumplirse el primero y cuando la propietaria ya se había comprometido con el empresario para venderle la finca (libre de cargas), ambas partes firmaron otro documento. Este segundo contrato era de quince años de duración, por el que teóricamente la dueña del terreno permitía la explotación de la finca a este supuesto agricultor.

El empresario llegó incluso a ser condenado por una falta de coacciones porque se negó a entregarle la llave al agricultor. Este acusado llegó a presentar una demanda de retracto, es decir, reclamó su derecho preferencial, por su condición de inquilino, para adquirir la finca por el mismo precio por el que se había vendido.

El comprador de la finca tuvo que demostrar en los juzgados que el agricultor, con la colaboración de la dueña del solar, habían falsificado este segundo contrato, que se utilizó para boicotear la venta de la finca, sobre la que había un importante proyecto de explotación, que finalmente no pudo desarrollarse como consecuencia de esta estafa. Dos sentencias civiles le dieron la razón al empresario al declarar la falsedad del contrato, por lo que planteó una querella por estafa contra los dos acusados. Sin embargo, como demuestra el resultado del pleito, esta confabulación les costará a los acusados el pago de casi 400.000 euros. El agricultor ya había intentado la misma maniobra con otras fincas rústicas de Mallorca.