El pleno del Parlament aprobará el próximo martes, con el voto a favor de al menos el PSOE, Podemos y Més, la toma en consideración de al proposición de Ley presentada por El Pi para dar marcha atrás en los cambios que introdujo el Govern popular de José Ramón Bauzá en la pasada legislatura a la ley de Normalización Lingüística, unas modificaciones con las que el catalán pasó a tener, según el portavoz de El PI, Jaume Font, una situación de "comparsa" del castellano.

Con esta iniciativa El Pi ha tomado la delantera al Govern, que estaba trabajando en estos cambios. Sin embargo, la duda está en la postura que adoptará el grupo popular, que por segunda vez deberá afrontar una votación sobre un asunto que genera divisiones en sus propias filas. El pasado 6 de octubre los diputados del PP optaron por abandonar la sala de plenos para no participar en la votación de la derogación de la Ley de Símbolos, otra de las medidas legislativas del Ejecutivo de Bauzá que más rechazo y polémica generó.

Respecto a la recuperación de la Ley de Normalización Lingüística tal y como fue consensuada en 1986 por todos los partidos, la portavoz parlamentaria popular, Marcha Prohens, afirmó ayer que el PP aún no había decidido el sentido de su voto y que antes debe analizar qué artículos se cambiarán.

Prohens recordó que la modificación de esta Ley por parte del Govern de Bauzá se produjo cuando aprobó en 2012 la modificación de Ley de la Función Pública con el fin de que el catalán dejara de ser un requisito para el acceso a la administración autonómica y se convirtiera en un mérito. "Desde el PP defendemos la libertad de los ciudadanos de poder dirigirse a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales", dijo la portavoz popular. Añadió que "hay una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la modificación de la ley de la Función Pública" que efectuó el Govern del PP y resaltó que "el catalán nunca ha dejado de ser un requisito para determinados puestos de la administración".

Jaume Font defendió la "necesidad" de que el catalán recupere su posición como "lengua vehicular", para lo cual es preciso "regresar al marco normativo que existía por consenso hasta que Bauzá y el Govern del PP lo rompieron". La proposición de El Pi supone cambiar la redacción de varios artículos actualmente en vigor, con el fin de "hacer efectivo el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativo" de las islas, según consta en los objetivos de la proposición. Para ello se prioriza el uso del catalán sobre el castellano en distintos ámbitos y se deja claro que los ciudadanos de las islas "tienen derecho a usar la lengua catalana, oralmente o por escrito, es sus relaciones con la administración pública". Asimismo, entre otras cuestiones, se establece que los topónimos de Balears "tienen como única forma oficial la catalana".