La fiscalía anticorrupción reclama, en una pieza separada del caso Voltor, que el desaparecido partido Unió Mallorquina (UM) reintegre casi medio millón de euros al Consell de Mallorca que fueron, supuestamente, desviados para pagar a liberados de esa fuerza política. Anticorrupción acusa a 18 antiguos dirigentes de UM y funcionarios del Consell por esta malversación, pero no formula cargos contra los casi 30 militantes y simpatizantes que cobraron un sueldo público sin ir a trabajar.
La presunta jefe de la trama era Maria Antònia Munar, que entre 2005 y 2007, cuando ocurrieron los hechos, era presidenta del Consell de Mallorca y de UM.
Los fiscales anticorrupción sostienen que Munar y otros dirigentes idearon un plan para beneficiar al partido con dinero público. El objetivo era pagar el sueldo a trabajadores de UM dedicados a "captar votos, proselitismo y difusión del programa político" con dinero del Consorcio de Informática Local de Mallorca (CILMA) del Consell.
Asociación ilícita
Anticorrupción sostiene que la mayoría de los acusados formaban parte de una asociación ilícita, un grupo organizado diseñado para delinquir y que actuaba de forma orquestada. Para Munar, como líder, la fiscalía solicita tres años de prisión por asociación ilícita y otros cinco de privación de libertad por la supuesta malversación.
Los hechos tuvieron lugar en los meses precedentes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, en las que UM consiguió unos buenos resultados que le llevaron a formar el II Govern del Pacte.
Anticorrupción resalta el papel que tuvieron en la supuesta trama Miquel Àngel Flaquer; Miquel Nadal y Francesc Buils, "que ocupaban cargos políticos con competencias para posibilitar las decisiones administrativas que sirvieran de pantalla para enmascarar" el destino real de los fondos públicos.
Estos tres acusados aumentaron su peso específico en UM -apunta el fiscal- gracias a su aportación de fondos y de liberados a sueldo del Consell.
La fiscalía solicita que los 18 acusados sean condenados a devolver al CILMA casi 437.000 euros, una indemnización que también deberá pagar UM por haberse beneficiado del delito cometido por sus dirigentes.
El partido nacionalista desapareció en febrero del 2011. Sus herederos crearon un nuevo partido: Convergència de les Illes Balears, que un año después se integró en el Pi (Proposta per les Illes Balears).
A diferencia de otros casos de presunta corrupción protagonizados por personas vinculadas a UM, la fiscalía anticorrupción en esta pieza separada de Voltor no pide la condena para los casi 30 exliberados que recibieron su sueldo del Consell y se dedicaron a trabajar para el partido.
El relato acusatorio del ministerio público desgrana, uno por uno, el cometido aparente que esos trabajadores tenían en el Consell y sus actividades reales en beneficio de UM.
Los exliberados tendrán que declarar en el juicio, previsto para enero próximo en la Audiencia, como testigos.
Biblias y meriendas
Las 30 personas se dedicaron en aquellos meses a tareas como las llamadas "biblias" , visitas puerta a puerta en determinados barrios de Palma para recopilar datos de posibles votantes. Los encuestadores rellenaban unas fichas que después entregaban a sus superiores en UM.
Otra de las falsas contratadas organizaba, semanalmente y en la sede de UM en la Vía Sindicato de Palma, "meriendas para afiliados, simpatizantes y posibles votantes".
Varios de los dirigentes acusados consiguieron asistentes y secretarios personales pagados por el Consell.
Así, una mujer fue contratada en plena campaña electoral, para "abrir la puerta del despacho de Miquel Nadal en Palau Real y atender el teléfono".
