El Parlament aprobó ayer por unanimidad instar al Govern a publicar cada cuatro meses "todos los gastos detallados de las conselleries y las empresas públicas", de acuerdo con una enmienda 'in voce' presentada por El Pi a una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos por la que se emplazaba al Govern a cumplir con la ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y al buen gobierno, aprobada a finales de 2013.

La propuesta inicial, que se debatió y aprobó en comisión parlamentaria, pedía que cada conselleria publicara en su página web una relación de todo el personal que ocupa una plaza de libre designación, su currículo y su sueldo completo, incluyendo dietas y complementos, así como el presupuesto global asignado a la conselleria y el porcentaje del mismo destinado a retribuciones. Asimismo se emplazaba al Govern a publicar los mismos datos correspondientes a las empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, además del número y competencias de cada una de ellas.

En el segundo punto de la propuesta, Ciudadanos pedía que se instara al Govern a publicar las entidades privadas que reciben subvención pública de las arcas autonómicas, la cantidad abonada y una explicación del objetivo de la subvención, así como actualizar los datos conforme se vayan aprobando estas ayudas. El portavoz de El Pi, Jaume Font, pidió que la publicación de estos datos sobre subvenciones no se refiera solo a las que reciben las entidades privadas, sino también las públicas.

Gasto ordinario

Junto a ello, Font planteó que la propuesta de Ciudadanos podía resultar insuficiente para el objetivo de transparencia que se persigue ya que, según resaltó, en muchos casos el mayor presupuesto no es el que se destina a retribuciones, sino el de las partidas de gasto ordinario, por lo que emplazó al resto de grupos parlamentarios a "dar un paso más" y que todas las conselleries publiquen su relación detallada de gastos. "Hemos de conocer qué dinero recibe (cada conselleria y empresas públicas del Govern) y a qué se destina cada euro que se gasta porque eso sí es transparencia", resaltó el portavoz parlamentario de El PI en la defensa de su enmienda.

La propuesta recibió el respaldo de todos los grupos y, tras un receso para consensuar un nuevo redactado, quedó aprobada por unanimidad, tanto la enmienda de El Pi como el resto de la iniciativa de Ciudadanos. Al acabar la comisión, Font resaltó que esta iniciativa obligará a las conselleries y empresas públicas del Govern, a través de la conselleria de Participación, Transparencia y Cultura, a "publicar el gasto incluso de los bolígrafos que se utilicen".

Carpeta ciudadana

También hubo unanimidad de todos los grupos a la hora de votar a favor de una propuesta del grupo popular por la que el Parlament insta al Govern a acabar lo que queda pendiente para la puesta en funcionamiento de la carpeta ciudadana, mediante la digitalización de los documentos que los ciudadanos presenten a la administración, con el fin de "avanzar en la modernización de la administración, mejorar la simplificación administrativa y dar una mayor calidad a los servicios públicos".

La carpeta ciudadana fue creada en la pasada legislatura por el Govern del PP, como una fórmula para que los ciudadanos puedan guardar documentos personales en formato digital de tal modo que no tenga que presentarlos de manera reiterada en papel en los trámites que tenga que hacer con la administración. La creación de esta carpeta y la elección de los documentos que se introducen son voluntarias. El objetivo final era que Govern, consells insulars y ayuntamientos de las islas puedan compartir documentos digitalizados evitando que el usuario tenga que pasar por varias ventanillas y administraciones para los mismos trámites.

Además, también a propuesta del PP, se aprobó con el apoyo de todos los grupos instar al Govern a continuar con "la participación ciudadana en la tramitación de normativa", publicando en la web todos los procedimientos normativos que se tramiten por parte del Govern, desde leyes a decretos y órdenes, que estén en fase de información pública para la presentación de alegaciones y sugerencias.