Las batas blancas firman la paz

El bloqueo de los trabajadores sanitarios a políticas clave de legislatura obliga al Govern a ceder en la negociación salarial, a riesgo de abrir nuevos frentes con el resto de funcionarios

29.10.2015 | 02:41
Manifestación de trabajadores sanitarios frente al Consolat de Mar el pasado 8 de octubre.

El dato

  • Dimisión inminente de la directora general de Función Pública

    La salida del Govern de la directora general de Función Pública, Vanessa Servera Hoyos, es inminente. La responsable política de los funcionarios de la Comunidad hace días que ha anunciado a sus colegas la intención de dimitir de su cargo, y de hecho ayer ya no participó en las negociaciones para desbloquear el conflicto por la carrera profesional. Servera alega razones personales y de salud para abandonar, aunque fuentes internas de la conselleria de Administraciones Públicas achacan también su marcha a la polémica vivida por el plus.
    Servera, funcionaria de carrera, defendía las reivindicaciones del colectivo y se opuso a la congelación del pago de la carrera profesional. Al parecer, la directora general se sintió molesta con sus superiores políticos que le habrían comunicado la suspensión del plus con posterioridad a haber aceptado su nombramiento. La todavía alto cargo ha retrasado su marcha voluntaria  hasta que se ha alcanzado un  acuerdo entre Govern y sindicatos, por lo que ésta se materializará en breve.

Amenazaron con crearle un conflicto a Armengol a la altura del que las camisetas verdes plantearon a Bauzá. Pero el anuncio de guerra de los sanitarios por el plus de la carrera profesional se quedó sólo en las palabras, el anuncio de un calendario de paros y una manifestación frente al Consolat que reunió a dos mil personas.
Un mes antes de las elecciones autonómicas, el Govern Bauzá se sacó de la chistera una sorpresa en clave electoral con la que contentar a uno de los colectivos más castigados por los recortes: los médicos. La insistente reclamación de los trabajadores del Servei de Salut fue atendida en el último segundo de la legislatura. La mesa sectorial de Sanidad aprobó que 5.485 profesionales recuperasen el 25% de la carrera profesional que se les congeló en el año 2010. En ese momento, la conselleria dirigida por Martí Sansaloni estimó en 6,6 millones de euros el coste que supondría actualizar el 25% del plus desde abril a final de año e incorporar a otros 3.170 profesionales a este complemento. No obstante la feliciadad de los sanitarios duró sólo cinco meses. El 25 de septiembre el Govern de Armengol anunció, tras la reunión del Consell de Govern, la suspensión de los acuerdos. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, aseguró que el Ejecutivo del PP firmó el pacto con el único objetivo de garantizar la "paz social" en periodo preelectoral, pero sin respaldo económico. Señaló también que el acuerdo iba a costar 40 millones de euros al Govern y que, en ese momento, esa cantidad se necesitaba para cuestiones prioritarias, con lo que el pago de la carrera se posponía a una futura negociación en 2017.
Pero el calendario de movilizaciones anunciado por los sanitarios, con una jornada de huelga en la misma semana de las generales y, sobre todo, el bloqueo de políticas clave de legislatura, como la apertura por la tarde de los centros de salud, obligó a las conselleries de Salud y Hacienda a buscar soluciones más imaginativas a la hora de buscar la paz. Posponiendo el cobro de la extra que por instrucción del Gobierno el Govern de Armengol tenía que devolver este año, el Pacto encuentra el dinero suficiente para contentar a los sanitarios, pero se arriesga a abrir otro conflicto con el resto de funcionarios, que ahora saben que el Govern no quiere conflictos sociales.

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