La auditoría de la deuda balear, una de las medidas previstas en el pacto de gobernabilidad entre PSOE, Podemos y Més, no se realizará hasta el próximo año como muy pronto, según las declaraciones efectuadas ayer por la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el pleno del Parlament. En respuesta a la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, Armengol precisó que el Govern tiene casi listo el proyecto de Ley para crear la oficina anticorrupción, pero no llegará al Parlament para su tramitación hasta el primer trimestre de 2016. Esta oficina, que dependerá de la Cámara balear y será "independiente" del Govern, será la encargada de efectuar la auditoría.

"Queremos que se apruebe en el primer trimestre de 2016 y después quedará el tiempo que tarde el Parlament en llevar adelante esta oficina", precisó Armengol. Recordó que, de acuerdo con la primera auditoría efectuada a través de "los mecanismos de la propia administración", la deuda de la Comunidad Autónoma asciende a 8.995 millones de euros, una cifra "absolutamente exagerada para esta Comunidad Autónoma y para sacar adelante políticas necesarias para los ciudadanos". Ante esta situación, consideró que es necesario encontrar mecanismos para que "los ciudadanos tengan la tranquilidad" sobre cuál es el estado de las cuentas públicas y que "puedan auditar la deuda", de acuerdo con la insistencia de Camargo en que esta auditoría debe realizarse con "transparencia" y estar "participada por la ciudadanía"

La jefa del Ejecutivo afirmó que la propia oficina anticorrupción podrá habilitar las formulas para "permitir la iniciativa ciudadana", tanto "en la parte de la deuda como en la del gasto y la contratación". Añadió que es consciente de que "muchos ciudadanos piden, con toda la razón del mundo, honestidad, transparencia y que puedan vigilar cada euro del que dispone el Govern".

"Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el Govern quiere poner a su disposición los instrumentos necesarios para que no vuelva a pasar nunca más en Balears lo que ha ocurrido con anteriores gobiernos", dijo tras recordar que el juez José Castro investiga si la adjudicación del hospital de Son Espases supuso destinar "fondos a la caja B del PP" nacional para pagar la sede de los populares en Madrid.

Laura Camargo insistió en que esta auditoría debe revisar al detalle cada partida económica que ha engordado la deuda de la Comunidad y determinar si "era legítima", es decir, si realmente obedecía a la necesidad de hacer frente a las necesidades de la Comunidad Autónoma. Tras resaltar que los ciudadanos de Balears "pagan 16 millones de euros al mes por los intereses" que supone la abultada deuda, la dirigente de Podemos afirmó que es necesario que la auditoría sirva para aclarar qué parte de esta deuda se ha debido a la "corrupción política" y si "podría o no ser objeto de una quita".

Por ello, afirmó que la auditoría debe iniciarse lo antes posible, ante "las necesidades económicas" que el Govern deberá afrontar en esta legislatura. No obstante, según los plazos dados ayer por Armengol, la revisión comenzará mucho después de que se aprueben en diciembre los presupuestos de la Comunidad para el próximo año.

Violencia de género

Por otro lado, el pleno del Parlament aprobó por unanimidad una proposición no de ley, presentada por Podemos, por la que se insta al Govern a "garantizar una vivienda digna a cualquier mujer violentada por violencia machista" en las islas.

Además, la propuesta insta al Govern y a los consells insulars a "garantizar el mantenimiento de todos los servicios de atención a las mujeres", así como la colaboración con los ayuntamientos, si entra en vigor la asunción de competencias de los servicios sociales por parte de las Comunidades Autónomas, prevista para el 31 de diciembre de este año en cumplimiento de la conocida como Ley Montoro de racionalización y sostenibilidad de la administración local.