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Tribunales

La juez acusa a la empresa de limpieza de Marivent de estafar al Govern

La magistrada Carmen Abrines activa el juicio oral contra los administradores de Lireba - La instructora exculpa a Albert Moragues y a Francisca Socías

El palacio de Marivent.

La juez Carmen Abrines ha imputado a los administradores de la empresa que se ocupó de la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent, residencia de la Familia Real en Palma, entre 2007 y 2011 por estafar, supuestamente, al Govern 575.000 euros. La magistrada ha activado el juicio oral contra esos ejecutivos y ha exculpado al exconseller de Presidencia en el II Govern del Pacte, Albert Moragues, y a su exsecretaria general técnica, Francisca Socías.

Según el auto de fin de instrucción, Dolores Polo Miranda y Jordi Jové Modroño, administradores de Lireba Serveis Integrals, una empresa que estuvo vinculada al grupo ACS, pueden haber cometido tres delitos: continuado de estafa al Govern; continuado de falsedad en documento mercantil; y continuado de apropiación indebida.

Daba confianza

Los hechos se remontan a 2007 cuando el Govern, por razones de seguridad, convocó un procedimiento negociado para contratar los servicios de mantenimiento y limpieza de Marivent.

La instructora explica que se escogió a Lireba sin dar publicidad al concurso por el hecho de que se trataba de ocuparse de la residencia del jefe del Estado y de su familia. Por ello se utilizó una excepción legal en las normas de contratación.

La empresa adjudicataria ofrecía "una especial confianza" al Ejecutivo que la contrató en 2007. Administración autonómica y empresa firmaron dos prórrogas más de los contratos y Lireba se ocupó de tener a punto Marivent todo el año y especialmente en Semana Santo y verano, cuando la Familia Real lo ocupa durante sus vacaciones.

Dos tipos de servicios

El auto judicial analiza qué servicios prestaba la sociedad y cómo eran retribuidos por el Govern.

Todos los contratos distinguían entre dos tipos de trabajo: las actividades permanentes en el complejo, que se desarrollaban todo el año, y los refuerzos: tareas que se hacían en verano y Semana Santa y que incluían horas nocturnas.

El "servicio de carácter permanente" incluía la presencia de tres limpiadoras y cuatro personas de mantenimiento todos los meses del año. "El servicio de refuerzo" era de carácter variable y tenía que "cubrir las necesidades manifestadas por la Casa Real durante la ocupación del complejo residencial, básicamente durante la Semana Santa y el verano".

Govern y contratista pactaron que el primero pagaría unos fijos cada mes por empleado, mientras que los trabajos de refuerzo se facturaban por horas, con suplementos si eran en horario festivo o nocturno.

En 2007, por ejemplo, el Govern abonó 2.950 euros por mes y empleado de mantenimiento y 2.350 por limpiadora y mes.

La magistrada analiza, a la luz de la abundante documentación aportada al sumario y de los testimonios de los imputados y testigos, cómo fueron las relaciones entre Lireba y el Ejecutivo.

El Govern estuvo durante años pagando el servicio permanente al completo, en la creencia de que la contratista siempre tuvo empleadas a las 7 personas en el palacio. Los trabajos de refuerzo se fuero abonando con los precios convenidos, pero en este caso la Administración sí pidió a la empresa hojas de control de las horas hechas por su plantilla.

En el caso de la plantilla permanente nadie supervisó que los siete trabajadores estuvieran siempre en el complejo, en la creencia de que la contratista actuaba de buena fe.

Se descubre el pastel

El anterior Govern del Partido Popular descubrió, en diciembre del 2011, el engaño de la contratista. "Lireba había prestado menos servicios de los que había facturado y cobrado mensualmente; así como también había facturado y cobrado los períodos en que su personal estaba de vacaciones", ausencias que no cubría con suplentes.

El Ejecutivo activó entonces un sistema legal para recuperar el dinero abonado de más a la empresa de servicios. El caso llegó a la jurisdicción contencioso-administrativo que dio la razón a la Administración. El Govern denunció los hechos ante la fiscalía, que acabó presentando una querella.

La magistrada ha calculado que entre los años 2007 y 2009 la empresa facturó 247.358 euros de más; cantidad que ascendió a 292.132 entre 2009 y julio del 2011. Lireba también habría recibido 24.393 euros por revisión de tarifas y a pesar a que había renunciado a esa subida de sus honorarios.

Sin mención a los políticos

El auto de fin de instrucción no menciona a los dos políticos imputados, que han sido, en consecuencia, exculpados.

La fiscalía sostuvo en su querella que los políticos del Govern y los empresarios se concertaron "para beneficiar, de manera arbitraria, con fondos públicos a sociedades con las que tenían estrecha relación de propiedad, control o vinculación". Anticorrupción afirmó que los cargos políticos "seleccionaron a la empresa más idónea" para encargarse del proyecto de limpieza, sin respetar las normas de contratación.

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